Andrés Manuel López Obrador, por andar de metiche, originó una crisis diplomática sin precedentes entre México y Ecuador. Al decidir otorgar asilo político a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción, sin prever las consecuencias diplomáticas de tal acto, puso en marcha una serie de acciones que culminaron en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Ecuador, argumentando que Glas era un convicto y no un perseguido político, irrumpió en la embajada mexicana violando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, lo que evidencia una grave infracción al derecho internacional y un desconocimiento preocupante de las normas diplomáticas que rigen las relaciones entre naciones????. Y esta ignorancia llevó a México al abismo en el que se encuentra, con una delegación que tuvo que regresar al país ante la imposibilidad de defender aunque fuese simbólicamente la embajada, en teoría, una extensión de territorio mexicano. Lloriquear después de realizado el asalto, sale sobrando. El mandatario mexicano además declaró torpemente sobre un asunto que no le competía, el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. El tema provocó un rechazo internacional y expuso la vulnerabilidad de las misiones diplomáticas en el extranjero frente a acciones unilaterales de gobiernos que deciden tomar la justicia por su mano, socavando principios fundamentales del derecho internacional. México, por su parte, no logró gestionar adecuadamente la crisis, desde la falta de estrategia para proteger eficazmente a personas asiladas hasta una gestión diplomática insuficiente para contener la escalada antes de que la situación llegara a un punto crítico??. Este gobierno, incluyendo a la canciller Alicia Bárcena, desconoce la importancia de la previsión, la comunicación y el respeto por el derecho internacional en la gestión de las relaciones diplomáticas. La crisis entre México y Ecuador se convierte en nuevo tropiezo con consecuencias que se derivan de acciones impulsivas por parte del presidente mexicano, y la necesidad de una diplomacia más cautelosa y meditada, especialmente en un contexto internacional cada vez más complejo y volátil. Algo que en Morena por supuesto que no sucederá.
La verdad es la moneda de cambio universal y en estos tiempos de fervor político decirla sumaría puntos. Durante el primer debate presidencial de México, las acusaciones entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez sobresalieron, particularmente en torno a temas de corrupción y transparencia. Sheinbaum, representando la coalición Sigamos Haciendo Historia, acusó a Gálvez de ocultar información sobre una de sus empresas en su declaración patrimonial y de recibir un contrato de 70 millones de pesos por un permiso de construcción. Además, criticó a Gálvez por tener contratos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y vivir en una residencia asociada al “cartel inmobiliario”??. Por su parte, Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, respondió acusando a Sheinbaum de estar vinculada con el escándalo de los ‘Panamá Papers’, manejar inadecuadamente la pandemia de Covid-19, y tener responsabilidad en el derrumbe de un tramo de la Línea 12 del Metro, entre otros. También la llamó «la dama de hielo» por su gestión de los desastres del Colegio Rébsamen y de la Línea 12 del Metro????. Sheinbaum refutó las acusaciones relacionadas con los ‘Panamá Papers’, calificando de «falsas» las afirmaciones de Gálvez y cuestionando su credibilidad. Gálvez, a su vez, desafió a Sheinbaum a investigar a los hijos del presidente por presunta corrupción, prometiendo atención a las denuncias de corrupción incluyendo los casos no investigados por el gobierno actual????. Sin embargo, sí hay información que vincula a la familia de Claudia Sheinbaum con los Panama Papers. Se menciona que su madre, Annie Pardo Semo, así como otros parientes, están relacionados con empresas offshore. En estos documentos se revelaron esquemas de ocultamiento de capitales y evasión fiscal a nivel mundial, involucrando a políticos y figuras públicas en el uso de paraísos fiscales. La madre de Sheinbaum fue señalada por su vinculación con una empresa llamada JAEM Ltd., y también se mencionan a otras tías y familiares asociados con empresas similares bajo la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Estas conexiones surgieron de la vasta investigación periodística sobre la filtración de 11.5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca. Sin embargo, en el momento en que la información salió a la luz, se argumentó por parte de algunos involucrados que los recursos de dichas empresas provenían de herencias legítimas?. ¿Quien menos mienta ganará la presidencia?
La decisión de la Comisión de Gobernación del Senado de México sobre la improcedencia de desaparecer los poderes en los estados de Guerrero, Guanajuato y Campeche se enmarca en un contexto político y de seguridad muy complejo. Esta resolución se basa en varios factores clave que merecen un análisis detallado. Primero, es importante destacar que la solicitud de desaparición de poderes es una medida constitucional excepcional en México, diseñada para situaciones en las que los poderes estatales han dejado de funcionar efectivamente, ya sea por conflictos internos, desastres naturales, o violencia extrema. La finalidad de esta medida es permitir al gobierno federal intervenir para restablecer el orden y la gobernabilidad. Es cierto que tanto Evelyn Salgado, como Diego Sinuhe Rodríguez, y Layda Sansores, tienen el pésimas condiciones sus territorios, pero l rechazo a esta solicitud se fundamenta en que, a pesar de los reconocidos problemas de inseguridad que afectan a Guerrero, Guanajuato y Campeche, los poderes estatales en estos lugares continúan funcionando. Esto significa que tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial en estos estados mantienen sus operaciones y no hay un vacío de poder que justifique una intervención federal de tal magnitud. Esto sugiere varias reflexiones importantes. En primer lugar, resalta la relevancia de preservar la autonomía de los estados dentro del marco federal mexicano, incluso frente a desafíos imposibles para los mandatarios en turno. La decisión subraya la importancia de respetar el federalismo y la soberanía estatal, principios fundamentales en la organización política del país. En segundo lugar, pone de manifiesto la complejidad del problema de la inseguridad en México. La violencia y el crimen organizado son asuntos que trascienden las fronteras estatales y requieren de una estrategia de seguridad integral que involucre tanto a autoridades locales como federales. La respuesta a estos problemas no puede ser únicamente la intervención federal, sino que debe incluir un enfoque multidimensional que aborde las causas profundas de la inseguridad, como la desigualdad, la falta de oportunidades y el acceso limitado a servicios básicos. La mala noticia es que a este gobierno le quedan cinco meses. Y si no lo pudieron resolver en cinco años, mucho menos lo van a hacer al vapor. Y si hay colusión con el crimen organizado, como tanto se especula, mucho menos.
