Una vez más la serpiente se muerde la cola. La situación descrita por Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, quien asegura que es el crimen organizado el que está “palomeando” a los candidatos, subraya una problemática profunda y multifacética que aflige al sistema político y democrático de México. La influencia del crimen organizado en los procesos electorales, especialmente en la intimidación y selección de candidatos, refleja un desafío a la seguridad y soberanía nacional y un obstáculo considerable para la consolidación democrática del país. La admisión de que candidatos a diversos cargos, desde alcaldías hasta diputaciones locales y federales, han sido amenazados al grado de retirar sus candidaturas, evidencia una corrosión del tejido democrático. Este fenómeno no es nuevo en la historia política de México; sin embargo, la aparente escalada en el número de afectados y la extensión geográfica de esta influencia criminal son particularmente alarmantes. El recuento de casi 30 candidatos asesinados en el transcurso de las campañas actuales marca un punto crítico que, según Cortés, podría convertir a este proceso electoral en el más violento en la historia de México. Lo cierto es que, al gobierno federal actual, liderado desde las mañaneras por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se salió de control hace mucho. La situación en estados como Jalisco, Chiapas, Guerrero, Michoacán, y Zacatecas, donde candidatos han optado por retirarse ante la inseguridad, ilustra la complejidad y la urgencia del problema. La inseguridad no solo se manifiesta en amenazas directas sino también en actos de violencia que alteran la movilidad y seguridad de los candidatos, como el ponchado de llantas y el bloqueo de carreteras. Este entorno hostil hacia los actores políticos desincentiva la participación ciudadana en la política y también mina la legitimidad de los procesos electorales. Cuando el crimen organizado tiene la capacidad de «palomear» a los candidatos, es decir, de decidir quién puede o no participar en la contienda electoral, se erosiona la base misma de la democracia representativa. La democracia presupone una competencia abierta en la que los ciudadanos tienen el derecho a postularse para cargos públicos sin miedo a represalias. Y el miedo es lo que impera en 2024. Y la respuesta institucional a este fenómeno es nula. Abandonados a la buena de Dios.
A Mario Delgado, el líder nacional de Morena, el engrudo se le hizo bolas desde hace ya varios meses. Ha tenido que lidiar con las consecuencias de malas decisiones, sobre todo al momento de elegir los perfiles a competir. La protesta de los morenistas de Guerrero en Palacio Nacional contra el proceso de asignación de candidaturas plurinominales dentro de su partido, Morena, destaca un conflicto interno que podría tener repercusiones más amplias en el panorama político mexicano. Primero, la acusación hacia el líder estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, de no transparentar el proceso de asignación de candidaturas y de aparecer en primer lugar de la lista, habla de problemas de liderazgo y gobernanza dentro del partido. Este incidente se inscribe en una serie de conflictos internos que han surgido en Morena y en otros partidos políticos mexicanos, donde la selección de candidatos se ve empañada por acusaciones de favoritismo, corrupción, e imposiciones arbitrarias. La exigencia de intervención por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador por los manifestantes es indicativa de la percepción de su influencia decisiva dentro del partido y de la política mexicana en general. Sin embargo, este llamado también plantea preguntas sobre la independencia y autonomía de los partidos políticos frente a figuras de liderazgo dominantes, así como sobre el papel del presidente en asuntos internos de su partido. Pues es evidente que López Obrador, como lo ha hecho a lo largo del sexenio, le de la razón a los suyos, a pesar de pruebas e investigaciones en contra. El método de protesta, una caravana desde Guerrero a la Ciudad de México culminando en manifestaciones frente a Palacio Nacional, demuestra el nivel de organización y determinación entre los consejeros estatales, militantes, y simpatizantes de Morena y el tamaño del problema que tare encima el señor Delgado. La presencia de representantes municipales de Morena de múltiples localidades de Guerrero en la caravana indica un descontento generalizado con la dirección estatal del partido. Por más que han querido maquillar a la gobernadora, su administración sigue siendo la más desastrosa de los últimos años. No existen embellecedores que tapen el problema.
Otro bueno para nada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el supuesto asesor en Salud, Hugo López Gatell, de pésimo recuerdo. Su nombramiento como asesor en materia de salud en la Presidencia, confirmado por Andrés Manuel López Obrador, ha generado controversias, especialmente debido a su papel previo como Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y su manejo de la pandemia de covid-19 en México. Este regreso al ámbito gubernamental, tras su intento fallido de obtener una candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México bajo las siglas de Morena, suscita preguntas sobre la meritocracia, transparencia y eficacia en la asignación de cargos públicos en la administración actual????????. En las charlas de café lo conocen como el doctor muerte, por la exagerada cantidad de fallecidos durante la emergencia sanitaria global. No se olvida que él mismo garantizaba que las mascarillas y cubrebocas no eran necesarios, y sí los “detente” de su líder político, moral y espiritual. Una crítica relevante radica en la falta de claridad y transparencia en el proceso de nombramiento, ya que, hasta el momento de su confirmación, no había registros oficiales de su posición en la nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ni en la currícula de funcionarios de la Oficina de Presidencia. Esto plantea dudas sobre la formalidad y el protocolo seguido en su designación??. Por otro lado, la designación de López-Gatell ha levantado cuestionamientos sobre la accountability en el servicio público, especialmente considerando las críticas previas a su gestión de la pandemia. Durante su mandato en la Subsecretaría de Salud, López-Gatell fue objeto de polémica por las estrategias adoptadas frente al covid-19, que resultaron en un alto número de fallecimientos. Incluso, un juez federal ordenó investigarlo por las muertes provocadas por la enfermedad, reflejando serias inquietudes sobre su responsabilidad en el manejo de la crisis sanitaria??. El retorno de López-Gatell al círculo cercano del presidente, especialmente en un cargo con un salario reportado de 125 mil pesos mensuales sin un procedimiento de selección transparente, es una burla más de este gobierno que se burla de los mexicanos desde la comodidad de las determinaciones presidenciales convertidas en decretos caprichosos. Lo interesante es que se les acabó el tiempo y así nos dejan al país.
