Ismael Mayo Zambada incriminó a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. En sus declaraciones en Estados Unidos, donde fue detenido en circunstancias poco claras, y con muchas versiones, expresó que fue traicionado, secuestrado y llevado por la fuerza al país vecino, y lo más grave es que dice, lo hicieron cuando se dirigía a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya. Hay muertos y desparecidos en torno a esa misteriosa operación. No obstante, la acusación de que un presidente está involucrado con el narcotráfico es una afirmación grave y requiere un análisis cuidadoso y basado en hechos verificables. En el contexto mexicano, el tema del narcotráfico y la política está históricamente cargado de tensiones, lo cual resalta la complejidad de la relación entre el Estado y los cárteles de la droga. México ha enfrentado durante décadas el desafío del narcotráfico, que ha infiltrado varias esferas del poder político y económico. A lo largo de los años, se han presentado múltiples acusaciones contra políticos de diferentes partidos por supuestos vínculos con el crimen organizado. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México desde 2018, ha implementado la estrategia de “abrazos, no balazos”, la cual ha sido criticada por algunos sectores al considerar que es insuficiente para enfrentar la violencia generada por los cárteles. A pesar de esto, no existen pruebas concluyentes que demuestren la existencia de un vínculo directo y personal entre AMLO y grupos del narcotráfico. Como líder del Cártel de Sinaloa, El Mayo es una figura central en el narcotráfico mexicano. Hasta el momento, no se han divulgado declaraciones oficiales en las que Zambada involucre al presidente directamente. Sin embargo, rumores y especulaciones persisten, reflejando la desconfianza pública en el contexto de las operaciones del narcotráfico. Argumentos como estos influyen en el clima político, especialmente en un contexto donde la percepción pública juega un papel crucial en la estabilidad del gobierno. Es importante que las acusaciones estén respaldadas por pruebas concretas para evitar la desinformación. Como partido en el poder, Morena enfrenta el desafío de abordar estas acusaciones y mantener la confianza del público. La forma en que manejen estas situaciones puede impactar sus perspectivas electorales y la gobernabilidad del país. La mala noticia es que han demostrado ser torpes en el manejo y control de crisis. Es crucial que las instituciones judiciales y de investigación en México funcionen de manera independiente y transparente, lo que en este país, en pleno siglo XXI, no sucede.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la polémica decisión judicial que resultó en la orden de liberación de Mario Marín, exgobernador de Puebla, imputado por su presunta participación en actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho. Marín fue arrestado en febrero de 2021 después de haber estado prófugo, acusado de orquestar el arresto y tortura de Cacho en 2005, tras las revelaciones de la periodista en su libro «Los demonios del edén», donde expuso una red de pederastia y corrupción que involucraba a influyentes empresarios y políticos. El término «sabadazo» fue utilizado por López Obrador para describir su percepción de la falta de transparencia y el sigilo con el que la jueza dictó la orden de liberación durante el fin de semana, sugiriendo que la decisión pudo haberse tomado estratégicamente en un momento con menos atención mediática y pública. AMLO ha empleado anteriormente el término «sabadazo» para criticar acciones judiciales o políticas que considera se han realizado de manera discreta para minimizar el escrutinio. López Obrador expresó su descontento con la actuación del poder judicial y reiteró la importancia de avanzar en la reforma judicial que ha sido parte de su agenda política. La liberación de Marín ha suscitado una oleada de críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos, periodistas, y figuras públicas que señalan la fragilidad del sistema judicial mexicano ante presiones políticas y económicas. La decisión judicial también plantea interrogantes sobre la consistencia y el compromiso del Estado mexicano en proteger a periodistas y activistas, quienes enfrentan riesgos por su labor. El presidente, quien ha prometido erradicar la corrupción y fortalecer el estado de derecho, enfrenta ahora la presión de demostrar avances concretos en estas áreas, mientras busca distanciar a su administración de las prácticas del pasado que han permitido la impunidad. Por otro lado, la situación de Mario Marín se desarrolla en medio de un panorama político en el que Morena, el partido gobernante, busca consolidar su poder de cara a las próximas elecciones, mientras los críticos insisten en que el gobierno de AMLO debe tomar medidas más firmes para garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos. El llamado de AMLO a una mayor integridad judicial busca enfrentar las críticas inmediatas y sentar las bases para un legado de justicia más equitativa y transparente, acorde con los valores democráticos que su administración pretende promover. Los jueces con decisiones controversiales le siguen dando armas para desbaratar al poder judicial; así no hay quién les ayude.
