El nombramiento de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las declaraciones subsiguientes de la política y el presidente Andrés Manuel López Obrador, revelan un preocupante desdibujamiento de la autonomía entre los poderes del Estado en México. Esto, en un contexto más amplio de tensiones entre la independencia judicial y las aspiraciones políticas del ejecutivo. En primer lugar, es esencial recordar que la separación de poderes es un principio fundamental en cualquier democracia. La independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo y legislativo es crucial para garantizar un sistema de frenos y contrapesos, vital para la salud de cualquier régimen democrático. Esta separación sirve para prevenir el abuso de poder y para asegurar que ninguna rama del gobierno tenga control total sobre las decisiones del país. La designación de Batres, conocida por su militancia en Morena y su vínculo familiar con Martí Batres, jefe de gobierno sustituto de la CDMX, plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la independencia judicial. Estos son aspectos esenciales en cualquier sistema de justicia que aspire a ser justo y equitativo. La ministra, al igual que cualquier otro miembro de la SCJN, tiene la obligación de respetar y hacer valer la Constitución, manteniendo una postura neutral y apartada de influencias políticas. De entrada, llegó con la espada desenvainada echando pestes a los ministros que serán sus colegas durante los próximos 15 años, plazo para el que firmó. Las declaraciones de la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, enfatizando la necesidad de que Batres se adhiera estrictamente a la Constitución, reflejan una preocupación legítima sobre la posibilidad de que las decisiones de la SCJN estén motivadas o influenciadas por intereses partidistas. Estas preocupaciones se ven agravadas por los comentarios del presidente López Obrador, quien parece celebrar el nombramiento de Batres como una victoria de su visión política y la denomina «ministra del pueblo”, cuando la realidad es que es la primera que el pueblo no elige y que llegó ahí por el dedazo presidencial, con todo lo que estoy implica.
El reciente incidente en Tamaulipas, donde 32 migrantes fueron secuestrados y posteriormente liberados, ha desatado una ola de críticas hacia la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por su manejo de la información y la percepción de que intentó manipular la narrativa de los hechos. Este caso se convierte en un ejemplo de cómo la falta de transparencia y la gestión de la información pueden socavar la credibilidad de un gobierno y afectar la confianza pública. La declaración inicial de Alcalde, que acreditaba a las fuerzas federales por el rescate de los migrantes, se contradijo con la realidad de que los secuestradores liberaron a las víctimas sin un enfrentamiento directo. Este desfase entre la versión oficial y los hechos reales plantea serias preocupaciones sobre la veracidad de las comunicaciones gubernamentales. El papel de la Secretaría de Seguridad, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, en este escenario también es crucial. Aunque se han esforzado en proyectar una imagen de eficacia y control, la discrepancia en las narrativas entre lo anunciado y lo ocurrido pone en duda la efectividad real de las operaciones de seguridad. Este tipo de incongruencias no solo afecta la percepción del desempeño gubernamental, sino que también puede tener implicaciones más profundas en la política de seguridad y en la lucha contra el crimen organizado. La decisión del grupo criminal de liberar a los migrantes, a pesar de la presencia de un fuerte despliegue de las fuerzas federales, abre preguntas sobre la verdadera razón detrás de su acción. Aunque el gobierno federal y las autoridades de Tamaulipas participaron en un operativo de búsqueda, no está claro cuál fue el factor determinante para la liberación de los secuestrados. La lección aquí es clara, la secretaria de Gobernación volvió a mentir: la confianza pública se gana con hechos y transparencia, no con narrativas convenientes.
