El enfrentamiento entre Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, líder de la bancada en el Senado, ha desatado una tormenta política que amenaza con erosionar la cohesión interna de Morena y socavar la confianza pública en la Cuarta Transformación. Las acusaciones de López sobre presuntas irregularidades en contratos durante la gestión de Monreal en la Junta de Coordinación Política del Senado han sido respondidas con firmeza por Monreal, quien ha publicado los contratos en cuestión y calificado las imputaciones de infundadas. Este conflicto no es un simple malentendido administrativo; refleja una lucha de poder que, de no ser contenida, podría desencadenar un deterioro estructural en el movimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum ha intervenido, instando a ambos líderes a resolver sus diferencias con cabeza fría y subrayando que disputas por recursos no deben desviar la atención de los objetivos fundamentales de la transformación nacional. La historia política está plagada de movimientos que, tras alcanzar el poder, sucumben a las divisiones internas y a las campañas mediáticas orquestadas, lo que conduce a su desintegración. Monreal, consciente de estos precedentes, ha advertido sobre los riesgos de permitir que las diferencias internas se conviertan en un cáncer que corroa los cimientos del proyecto político. Es imperativo que Morena, como fuerza gobernante, demuestre madurez política y capacidad de autocrítica. La transparencia y la rendición de cuentas no deben ser solo consignas, sino prácticas cotidianas que fortalezcan la legitimidad del movimiento. Las acusaciones de corrupción deben ser investigadas con rigor, y los responsables, si los hay, sancionados sin miramientos. Solo así se evitará que las disputas internas se conviertan en un espectáculo que alimente la desconfianza ciudadana y debilite la gobernabilidad. La Cuarta Transformación se encuentra en una encrucijada. Permitir que las ambiciones personales y las rencillas internas prevalezcan sobre el proyecto colectivo sería una traición a los millones de ciudadanos que depositaron su esperanza en un cambio verdadero. Es momento de que los líderes de Morena actúen con responsabilidad histórica, priorizando la unidad y la integridad del movimiento por encima de intereses particulares. La primera que se equivoca es Claudia Sheinbaum, pues esto no es un asunto menor.
El caso de Cuauhtémoc Blanco, no como exgobernador de Morelos, sino como alcalde entre 2016 y 2018 pone en evidencia la desgarradora realidad de la administración pública en México: el saqueo sistemático de las finanzas y la irresponsabilidad de quienes llegan al poder sin preparación ni visión de largo plazo. La denuncia de una deuda heredada de mil 44 millones de pesos y el aumento de 46 millones de pesos adicionales durante su gestión no es solo un acto de negligencia administrativa, sino un síntoma de la ineptitud que corroe a la clase política. La falta de transparencia y la acumulación de pasivos, como los 600 millones atribuidos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y las demandas laborales por 150 millones, revelan un desastre financiero que hunde a la ciudad en un ciclo interminable de déficit y rezago. Lo más preocupante es que este caos no es exclusivo de Cuernavaca; es un reflejo del fracaso generalizado en la administración estatal en el país, donde Blanco, en lugar de solucionar problemas históricos, los agravó con un manejo opaco y patrimonialista de los recursos. La declaración del actual alcalde José Luis Urióstegui, al señalar que la deuda tan solo en Cuernavaca alcanza los 600 millones por juicios laborales y pagos pendientes al SAT, IMSS y CFE, debe interpretarse como una llamada urgente para auditar de manera exhaustiva y penalizar a las administraciones responsables de este desfalco. Más allá de los colores partidistas o del carisma populista de figuras como Blanco, lo que queda claro es que la falta de profesionalización en los gobiernos locales perpetúa la corrupción, la ineficiencia y la deuda impagable que termina ahogando a los ciudadanos en carencias de servicios básicos y obras públicas abandonadas.
Ernestina Godoy Ramos, exfiscal general de justicia de la Ciudad de México, ha sido objeto de crecientes críticas tanto en su gestión pasada como en su reciente nombramiento como consejera jurídica de la Presidencia en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Durante su mandato en la Fiscalía, que concluyó en enero de 2024, se reportó una disminución del 60.29% en delitos de alto impacto y una reducción del 42% en homicidios dolosos entre enero de 2019 y diciembre de 2023. Sin embargo, informes de organizaciones como México Evalúa señalaron una impunidad del 99.1% en la capital, cuestionando la eficacia real de su administración. Además, se le acusó de utilizar la Fiscalía con fines políticos, especialmente en investigaciones contra opositores, como en el caso del llamado «Cártel Inmobiliario» en la alcaldía Benito Juárez, bastión del PAN. Estas acciones generaron sospechas de persecución política y uso indebido de recursos judiciales. Su reciente designación como consejera jurídica de la Presidencia ha intensificado las críticas, ya que se percibe como una recompensa política pese a su desempeño cuestionable en la Fiscalía. Analistas y opositores señalan que este nombramiento podría comprometer la independencia del Poder Judicial y perpetuar prácticas de justicia selectiva. La falta de transparencia y los señalamientos de corrupción durante su gestión anterior aumentan la preocupación sobre su influencia en la implementación de reformas judiciales desde su nueva posición. La trayectoria de Ernestina Godoy está marcada por una mezcla de logros en la reducción de ciertos delitos y serias acusaciones de ineficacia, impunidad y uso político de la justicia. Su reciente incorporación al gabinete presidencial no solo revive estas críticas, sino que también plantea dudas sobre el compromiso del nuevo gobierno con una justicia imparcial y efectiva. Sólo el círculo rojo confía en el ella.
