En un inesperado arrebato de molestia, ante la exigencia de elecciones limpias, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a culpar a los medios. La sugerencia de una eventual reforma y la recomendación implícita de «guardar silencio» para ciertos medios plantean serias preocupaciones sobre la libertad de prensa y el papel de los medios en una democracia. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. La crítica de los medios hacia el gobierno, aunque incómoda, es esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Las insinuaciones de que algunos medios deberían moderar sus críticas son un claro intento de coartar esa libertad. Históricamente, en México y en otros países, tales sugerencias han precedido a periodos de censura y represión mediática, lo cual sería un retroceso significativo para los avances democráticos del país. El reclamo sobre la prohibición de subir fotos de las mantas reales de las casillas electorales y la intervención de la Secretaría de Gobernación en la presentación de resultados electorales, rememora prácticas de décadas pasadas, cuando la manipulación electoral era más explícita. Es crucial que la información electoral sea manejada con la máxima transparencia y por las autoridades competentes, en este caso, el Instituto Nacional Electoral. La proyección hecha en la «mañanera» respecto a la asignación de curules y escaños ha suscitado un gran debate. La percepción de que se está favoreciendo a la coalición de Morena en detrimento de la oposición, si no se sustenta en datos verificables y procedimientos transparentes, mina la confianza en el proceso electoral. El ejemplo concreto del Partido Verde y el PAN resalta una discrepancia notable: asignar 75 diputados a un partido con el 8% de los votos y 70 diputados a uno con más del doble de ese porcentaje (17%). Esta disparidad, si se verifica, sería una manipulación clara del principio de representación proporcional, fundamental en cualquier sistema democrático. La maquinaria de manipulación electoral quedará al desnudo cuando ningún voto es lo que parece.
Guadalupe Acosta Naranjo, destacado miembro del Frente Cívico Nacional y defensor de la transparencia electoral, ha manifestado una firme postura sobre la necesidad de un conteo distrital exhaustivo y la posibilidad de impugnaciones en las elecciones de 2024. Acosta Naranjo ha expresado su preocupación por lo que considera una intervención indebida del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, evidenciando el uso de recursos públicos y programas sociales para favorecer a Morena. Además, Acosta Naranjo ha señalado que las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han confirmado múltiples intervenciones del presidente en el proceso electoral, creando un ambiente de inequidad. En este contexto, ha llamado a un conteo «voto por voto, casilla por casilla» para asegurar la transparencia y evitar fraudes electorales, una demanda que recuerda a las impugnaciones lideradas por López Obrador en 2006. Respecto a las personalidades políticas que apoyan esta medida, se encuentran figuras destacadas de la oposición y de la sociedad civil organizada. Entre ellos, destacan líderes del Frente Amplio por México, que incluye al PAN, PRI y PRD, quienes han insistido en la importancia de mantener la autonomía del INE y garantizar un proceso electoral justo y transparente. Este bloque opositor ha exigido que el INE haga valer su independencia y asegure que la representación en la Cámara de Diputados refleje fielmente la voluntad del electorado, sin sobrerrepresentaciones ni subrepresentaciones que beneficien desproporcionadamente a ningún partido. El llamado a un conteo detallado y la posibilidad de impugnar los resultados es solo la parte final del compromiso por parte de la oposición de vigilar de cerca el proceso electoral, algo que hasta el momento no han podido hacer. Sin líderes sólidos, la oposición en México está perdida, tanto así que los ciudadanos están llamando a crear un nuevo partido.
El malestar y las dudas acerca de la actuación de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) han sido notables en diversos sectores de la población y entre algunos actores políticos. Estas inquietudes se centran en varios aspectos clave de su gestión y en las decisiones que ha tomado recientemente. En primer lugar, la controversia sobre la designación de cargos importantes dentro del INE ha sido un punto de fricción. Taddei nombró a Claudia Suárez como encargada de la Secretaría Ejecutiva del INE, así como a otros funcionarios en roles estratégicos. Estas designaciones han sido cuestionadas debido a la percepción de falta de transparencia y a la relación previa de algunos de los nombrados con Taddei, lo que ha generado suspicacias sobre posibles favoritismos. Adicionalmente, hay críticas sobre la forma en que ha manejado las diferencias internas en el INE. Aunque ella ha declarado que no existe una crisis y que las discrepancias son normales dentro de un organismo colegiado, algunos observadores señalan que la falta de consensos y la forma de imponer decisiones podrían estar afectando la credibilidad del instituto. Otro aspecto que ha generado descontento es la percepción de una excesiva cercanía de Taddei con el gobierno federal, lo que pone en duda la autonomía del INE en un contexto electoral particularmente delicado. La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación por una posible intervención gubernamental en las decisiones del INE, lo que podría socavar la confianza en el proceso electoral. Las críticas hacia la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE se centran en la nula transparencia de sus decisiones, la percepción de favoritismos en nombramientos clave y la posible falta de autonomía frente al gobierno federal. El proceso electoral termina de la peor manera, con el poder de Palacio Nacional infiltrado en las instituciones. Todavía no se alcanza a digerir que Lenia Batres será ministra de la Corte, así de bajo ha llegado este país.
