La reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una afrenta a la integridad institucional y a la defensa de los derechos fundamentales en México. Su gestión inicial estuvo marcada por una alarmante inacción frente a violaciones graves de derechos humanos, evidenciando una preocupante cercanía al poder ejecutivo que comprometió la autonomía de la CNDH. Para todos es conocido que su designación por parte de Andres Manuel Lopez Obrador obedeció a favores que le debía sobre todo los sentimentales a y de lucha a Rosario Ibarra de piedra, quien lo acompañó en su lucha hasta el final de sus días, después de clamar la vida entera por su hijo desparecido. Por ello la cercanía con el poder. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado consistentemente la falta de independencia y eficacia de Rosario Piedra, señalando que su reelección representa un premio inmerecido a una administración caracterizada por omisiones y complicidad con el gobierno en turno. La decisión del Senado, dominado por Morena, de ratificarla en el cargo, refleja una estrategia deliberada para debilitar los órganos autónomos y consolidar un control hegemónico sobre las instituciones que deberían fungir como contrapesos al poder. Este acto no solo socava la credibilidad de la CNDH, sino que también envía un mensaje desalentador a las víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes ven cómo la institución encargada de proteger sus garantías se convierte en un apéndice del gobierno. La reelección de Rosario Piedra Ibarra es un síntoma de la erosión democrática que enfrenta el país, donde la subordinación de organismos autónomos al poder ejecutivo amenaza con desmantelar los avances en materia de derechos humanos y justicia social. Es imperativo que la sociedad civil y los actores políticos comprometidos con la democracia y el estado de derecho redoblen esfuerzos para restaurar la independencia y eficacia de la CNDH, y para frenar la deriva autoritaria que pone en riesgo las libertades fundamentales en México.
La incorporación de Cynthia López Castro a la bancada de Morena en el Senado ha generado una avalancha de críticas y acusaciones de traición desde el PRI, su partido de origen, y de diversos sectores políticos y ciudadanos. Tras una trayectoria de 21 años en el Partido Revolucionario Institucional, López Castro anunció su renuncia el 29 de octubre, alegando profundas discrepancias con la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno y una supuesta falta de espacio para expresar su visión dentro del PRI. No obstante, su inmediata adhesión a Morena ha sido vista con recelo e interpretada como una maniobra oportunista que pone en primer lugar sus intereses políticos y personales, relegando cualquier consideración de principios ideológicos o lealtades partidistas. La senadora se defendió argumentando que, desde la oposición, se le «orilló» a tomar esta decisión y que en su nuevo cargo buscará servir a México desde Morena; sin embargo, la percepción general es que este cambio de lealtad responde a una muestra de cinismo e hipocresía, al alinearse con el partido en el poder, al que en el pasado criticó abiertamente. Impera el transfuguismo político, una práctica que erosiona la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en las instituciones, al exhibir una falta de compromiso y convicciones, favoreciendo la obtención de beneficios personales sobre el bienestar colectivo y el respeto a la voluntad de los votantes. Esta reconfiguración de alianzas en el Senado refleja una realidad en la política mexicana: una volatilidad que, lejos de contribuir al fortalecimiento democrático, la debilita al alimentar la percepción de que los intereses particulares y la conveniencia individual están por encima de los principios y valores que deberían guiar la función pública. En un país con un historial de clientelismo y desconfianza hacia la clase política, movimientos como el de López Castro no solo causan desconcierto y rechazo, sino que profundizan la crisis de legitimidad en la que se encuentra inmersa la democracia mexicana.
Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, enfrentan actualmente un entorno de cuestionamientos y descontento, tanto en Veracruz como a nivel nacional, debido a lo que muchos consideran una traición directa a la oposición mexicana. Después de años de una trayectoria política arraigada en el Partido Acción Nacional y de una postura crítica hacia Morena, Yunes Márquez, quien había sido una figura visible y prominente en la oposición, sorprendió a propios y extraños al anunciar su apoyo a Morena en la votación de la reforma judicial en el Senado. Esta acción, vista como un gesto de pragmatismo político, ha sido percibida como una señal de lealtad política quebrantada y un intento evidente de asegurar su propio bienestar en un escenario donde las complicaciones legales empiezan a asediarlo tanto a él como a su padre. El exgobernador Yunes Linares, quien en su momento se caracterizó por ser un crítico severo de Morena y sus políticas, también ha dado muestras de un cambio estratégico en su discurso, lo cual refuerza la percepción de que la familia Yunes ha optado por un camino de conveniencia en lugar de principios ideológicos sólidos. Este giro se da en un momento en el que ambos enfrentan desafíos legales serios: Miguel Ángel Yunes Márquez se encuentra envuelto en investigaciones y órdenes de aprehensión por presunta falsificación de documentos y otros cargos relacionados con procesos electorales, mientras que su padre ha manifestado públicamente una actitud conciliadora hacia el gobierno en turno, que muchos interpretan como un intento de suavizar las tensiones políticas en un contexto adverso. Para la oposición, este cambio de lealtad representa una profunda traición, sobre todo porque la influencia de los Yunes en Veracruz había sido un bastión clave para la estrategia electoral del PAN en la región. Su alineamiento con Morena no solo refleja el pragmatismo que impera en sectores de la clase política mexicana, sino que también envía un mensaje desalentador a los votantes de la oposición, quienes ven cómo figuras prominentes buscan acomodos en lugar de mantener una postura crítica. En última instancia, este viraje de los Yunes simboliza la erosión de principios en favor de la conveniencia, afectando aún más la ya delicada legitimidad de los representantes de la oposición.
