El caso del diputado federal José Alejandro Aguilar López, representante del Partido del Trabajo (PT) en la LXVI Legislatura y oriundo de Huamantla, Tlaxcala, evidencia de forma descarnada una de las patologías más corrosivas de la vida pública mexicana: la conversión del servidor público en magnate local sin que medie mérito empresarial, innovación productiva o transparencia patrimonial. Exhibido recientemente en medios locales por la posesión de al menos 28 propiedades —entre ellas restaurantes, salones de fiestas, panaderías y ranchos— Aguilar López representa el paradigma del político que utiliza el cargo como trampolín para amasar fortuna en las sombras, todo mientras se autoproclama luchador del pueblo. Esta acumulación resulta particularmente ofensiva no sólo por su volumen, sino por la profunda desconexión con la realidad social de Tlaxcala, una de las entidades con mayor pobreza y menor movilidad social del país. Aguilar López, quien ya fue presidente municipal de Huamantla en dos ocasiones bajo las siglas del PAN antes de reciclarse ideológicamente en el PT, encarna el oportunismo político que no conoce límites: un camaleón partidista que ha hecho de su carrera un instrumento de enriquecimiento más que de servicio. El problema no radica únicamente en la tenencia de propiedades, sino en la opacidad con la que se ha acumulado tal patrimonio, sin que existan declaraciones públicas de bienes que lo justifiquen, ni investigaciones fiscales que lo auditen. En un país con leyes de transparencia y anticorrupción que son letra muerta, la impunidad con que se mueven estos personajes es un recordatorio brutal de cómo la política sirve a menudo como fachada de un sistema feudal moderno, donde los representantes populares operan como señores del poder económico local. ¿Cómo se pasa de cobrar un sueldo de diputado a erigirse como uno de los empresarios más acaudalados de la región? La respuesta es tan obvia como alarmante: mediante el acceso a información privilegiada, el tráfico de influencias, el uso del cargo público para construir redes clientelares y una institucionalidad incapaz —o deliberadamente omisa— de investigar. Este no es un caso aislado, sino un síntoma estructural de un modelo político donde la línea entre el poder público y el interés privado es inexistente. Urge no sólo la fiscalización exhaustiva de Aguilar López, sino una reforma radical del sistema de declaraciones patrimoniales, una autoridad independiente con dientes reales para investigar enriquecimientos injustificados y una ciudadanía que no tolere más esta hipocresía institucional. Cada propiedad no declarada, cada negocio floreciente sin origen claro, es una bofetada al ciudadano que paga impuestos, al joven que no accede a créditos, al campesino que pierde su tierra. El pueblo al que dice representar Aguilar López no necesita discursos populistas ni diputados empresarios: necesita justicia, rendición de cuentas y el fin del saqueo político normalizado.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum invoca con solemnidad el principio juarista de la “justa medianía” y clama por una 4T ejercida con humildad, una comitiva creciente de funcionarios de su propio movimiento desfila por Europa y Asia con una ostentación que bordea lo obsceno. Los viajes de lujo de personajes como Ricardo Monreal, Mario Delgado, Andy López Beltrán y Miguel Ángel Yunes Linares, quienes celebran aniversarios con champaña, desayunan en hoteles de más de 15 mil pesos la noche o se sumergen en fiestas VIP con langosta en Capri, exhiben una desconexión una vista entre el discurso y la realidad. Esta doble moral erosiona el núcleo ético que supuestamente distingue a la Cuarta Transformación: su promesa de gobernar con honestidad, cercanía al pueblo y austeridad. Lo más alarmante no es el viaje en sí, sino la cínica justificación posterior: “fue con mis recursos”, como si la procedencia del dinero lavara la afrenta simbólica de disfrutar lujos impensables para la mayoría en un país donde 40 millones viven en pobreza. La burla se consuma cuando voceros como Gerardo Fernández Noroña desacreditan las críticas como “clasistas e hipócritas”, lo que refleja una arrogancia que se disfraza de victimismo. ¿Quién define qué es lujo?, pregunta con desdén, como si desayunar sushi en Tokio mientras se predica la austeridad no fuera una afrenta a la inteligencia pública. La realidad es que estos funcionarios ya no entienden el idioma del pueblo, ni comparten sus carencias ni su hartazgo. El mensaje de Sheinbaum, aunque correcto en el fondo, suena hueco cuando no va acompañado de sanciones o medidas disciplinarias claras: de nada sirve invocar el ejemplo moral de Juárez si los discípulos se comportan como aristócratas tropicales. La retórica presidencial pierde fuerza cuando quienes la rodean se permiten lujos incompatibles con el mandato social que dicen defender. En este contexto, la 4T corre el riesgo de transformarse no en un proyecto de regeneración nacional, sino en una nueva élite que repite los vicios del pasado envuelta en una retórica redentora. La coherencia no se predica, se ejerce. Y si la presidenta quiere que su llamado sea escuchado, deberá dejar de hablarle a una corte de oídos sordos y empezar a ejercer el poder con consecuencias, no con frases vacías. Porque mientras unos pasean en yates en Capri, otros apenas tienen para llegar al final del mes. Y ese, señora presidenta, es un idioma que sus funcionarios ya no hablan.
La gestión de Abelina López Rodríguez como presidenta municipal de Acapulco en 2025 es una muestra de lo que sucede cuando la incompetencia se combina con la arrogancia, y el poder local se convierte en un parapeto para eludir la ley y encubrir posibles actos de corrupción. En lo que debería ser un periodo de reconstrucción social y económica para Acapulco tras los estragos naturales y la violencia persistente, la alcaldesa ha protagonizado un escándalo tras otro, dejando a su paso una estela de desconfianza, opacidad y descomposición institucional. La punta del iceberg es el faltante de 898 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior del Estado, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Lejos de transparentar el destino de estos recursos, López Rodríguez promovió un amparo para impedir la fiscalización estatal, alegando una supuesta intromisión de competencias federales, estrategia que fue validada por la Suprema Corte, permitiéndole postergar indefinidamente la rendición de cuentas. Este acto jurídico no es más que una cortina de humo: un uso taimado de los instrumentos legales para evadir la obligación ética de explicar el destino del dinero público. A esto se suma su agresiva reacción ante la crítica periodística, promoviendo una denuncia por “violencia política de género” contra un reportero que investigó sus irregularidades. Con la venia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el periodista fue obligado a disculparse públicamente durante 15 días, en una grotesca inversión de responsabilidades que convierte a la autoridad en víctima y al informador en agresor, minando la libertad de prensa con ropaje feminista. Por si fuera poco, ante el recrudecimiento de la violencia en Acapulco, el gobierno federal tuvo que retirarle el control del C4 a la alcaldesa tras denuncias de manipulación y borrado de evidencia sobre ejecuciones y quema de vehículos. Este despojo, sin precedentes, expone no sólo su incapacidad para garantizar la seguridad pública, sino posibles vínculos de complicidad con el crimen organizado. Las sospechas no son menores: diversas investigaciones periodísticas han vinculado su campaña con financiamiento ilícito proveniente de operadores del Cártel del Noreste. Mientras la ciudad agoniza entre balaceras, desempleo y descomposición social, Abelina López responde con opacidad, litigios y eventos festivos. Su prioridad no es el pueblo, sino protegerse políticamente y proteger un entorno cada vez más putrefacto. Esta administración no sólo ha traicionado los principios de honestidad y transformación, sino que los ha convertido en una burla obscena. Gobernar así es una forma de violencia contra los ciudadanos: la violencia de la omisión, del desprecio, del encubrimiento. Acapulco merece respuestas, no blindajes judiciales; merece seguridad, no evasivas; merece una líder, no una figura que se esconde tras el amparo para no rendir cuentas. En resumen, Abelina López no gobierna: sobrevive en el poder mientras el municipio se hunde.
