El reciente incidente en Culiacán ha vuelto a poner en el centro del debate la capacidad del gobierno estatal para manejar situaciones de violencia y la narrativa oficial frente a lo que sucede en el terreno. El 29 de agosto, un enfrentamiento entre una patrulla del Ejército y civiles armados desató el temor entre la población de que se estuviera viviendo un nuevo «Culiacanazo», referencia a los violentos operativos de 2019 y 2023 que rodearon la captura de Ovidio Guzmán López. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha apresurado a desestimar cualquier comparación entre los eventos del 29 de agosto y los mencionados operativos. En su comunicado, Rocha Moya pidió a la sociedad y a los medios de comunicación no difundir información que, según él, es falsa y que solo genera caos. Su mensaje subraya la intención de minimizar el incidente, insistiendo en que se trató de un encuentro fortuito y no de un operativo planificado.
Rocha Moya ha enfrentado críticas por lo que muchos perciben como una respuesta «tibia» a la violencia en el estado. La narrativa oficial intenta desvincular este enfrentamiento de las acciones más agresivas del crimen organizado, buscando evitar el pánico que suele acompañar la percepción de un «Culiacanazo». Sin embargo, la reacción del gobierno ha sido vista por algunos como un intento de controlar el daño mediático, más que de afrontar la realidad del problema de seguridad en Sinaloa. El incidente en cuestión comenzó cuando una patrulla del Ejército se encontró con un vehículo ocupado por civiles armados en la comunidad de Jesús María. Este encuentro provocó una persecución, y el posterior llamado de refuerzos por parte de las fuerzas armadas.
Según el gobernador, uno de los vehículos de refuerzo se accidentó, lo que llevó a que los hombres armados se reagrupasen y se trasladaran hacia el área de El Limón de los Ramos, generando bloqueos en la Carretera Internacional México 15- Aunque los bloqueos y el humo de los vehículos incendiados no se extendieron a la ciudad de Culiacán, el simple hecho de que estos eventos ocurrieran en las cercanías generó una oleada de pánico, exacerbada por rumores de la captura de un hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, lo que resultó ser infundado. Estos rumores provocaron que muchas personas abandonaran sus labores y escuelas, un reflejo del miedo que todavía impera en la región tras los episodios de violencia vividos en años anteriores. La reacción gubernamental es insuficiente por no abordar las preocupaciones de fondo que tiene la población sobre la seguridad. ¿Cómo es posible que el mensaje central del gobernador Rocha Moya sea evitar el pánico, pero sobre todo difundirlo? Eso no lo quita del ahí.
La anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, ha desatado una intensa controversia política que pone de manifiesto las tensiones y posibles manipulaciones dentro del proceso electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inválidos los comicios que otorgaron la victoria a Sandra Cuevas, lo que ha abierto la puerta para una nueva elección que podría favorecer a Caty Monreal, hija del influyente senador Ricardo Monreal. Este hecho ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que la decisión del tribunal no solo responda a irregularidades formales, sino también a un cálculo político más amplio, encaminado a beneficiar a Caty Monreal. Sandra Cuevas, alcaldesa polémica desde su elección en 2021, ha sido protagonista de múltiples enfrentamientos tanto con el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, como con sectores de la oposición. Sin embargo, la reciente anulación no se debe directamente a estos conflictos, sino a presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral. El TEPJF argumentó que estas violaciones comprometieron la integridad de los comicios, lo que justificó su decisión de ordenar una repetición de la elección. Sin embargo, esta medida ha suscitado fuertes sospechas sobre la existencia de intereses políticos más profundos, particularmente la posibilidad de que la anulación esté diseñada para favorecer a Caty Monreal en su aspiración por la alcaldía. La situación se complica aún más con la implicación de Armando Ambriz, supuesto padrino de bautizo de Caty Monreal, en el escándalo. Aunque los detalles de su participación son aún vagos, su conexión con la familia Monreal y su posible rol en las dinámicas de poder actuales añaden otra capa de complejidad a este ya controvertido escenario. Este vínculo podría intensificar las sospechas de que la anulación de los comicios no es solo una cuestión de legalidad electoral, sino un movimiento calculado para favorecer a un grupo político específico. La repetición de las elecciones en la alcaldía Cuauhtémoc tendrá implicaciones significativas para la dinámica política en la Ciudad de México. Si Caty Monreal resulta victoriosa, no solo consolidará el poder de la familia Monreal en la capital, sino que también podría influir en la configuración del poder dentro de Morena, generando nuevas alianzas y tensiones en un partido que ya enfrenta desafíos internos. Además, esta situación pone en entredicho la imparcialidad de las instituciones electorales en México, alimentando la percepción de que los procesos democráticos pueden ser manipulados por influencias políticas poderosas. Esta percepción es preocupante, ya que mina la confianza pública en el sistema electoral y plantea serias preguntas sobre el futuro de la gobernabilidad en la Ciudad de México.
La reunión entre Rosa Icela Rodríguez, aún titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Omar García Harfuch, designado como su sucesor por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, marca un momento crucial en la transición de la seguridad pública federal en México. Esta transición es importante por el cambio de liderazgo y por las implicaciones que tiene en la estrategia de seguridad del país y el enfoque que la próxima administración adoptará en este tema crítico. Rosa Icela Rodríguez ha sido una figura clave en la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, implementando políticas centradas en la pacificación y la reducción de la violencia a través de programas sociales y una coordinación estrecha con las fuerzas armadas. Su labor ha sido destacada por el presidente López Obrador, particularmente en su reciente informe de gobierno, resaltando su enfoque en el combate a la delincuencia organizada y en la protección ciudadana. Omar García Harfuch, por su parte, tiene un historial reconocido por su trabajo como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde se le atribuye una serie de éxitos en la lucha contra el crimen organizado, particularmente en desarticulaciones de grupos criminales y la reducción de la incidencia delictiva en la capital. Su perfil es el de un policía operativo, con experiencia directa en el manejo de crisis de seguridad, lo que podría señalar un cambio en la dirección estratégica de la SSPC a nivel federal. El cambio en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo el liderazgo de García Harfuch podría implicar una serie de ajustes en la estrategia de seguridad nacional. Mientras que Rosa Icela Rodríguez ha mantenido una línea más enfocada en la seguridad desde una perspectiva social, García Harfuch podría intensificar las acciones operativas contra el crimen organizado, dadas sus experiencias previas.
García Harfuch deberá equilibrar la continuidad de las políticas implementadas por Rodríguez con su propia visión, posiblemente más orientada a acciones operativas directas contra el crimen organizado. La transición no solo será de personas, sino también de enfoques, lo cual podría generar tensiones o requerir ajustes significativos. La coordinación con las fuerzas armadas, que han tenido un rol protagónico en la seguridad durante la administración de López Obrador, será clave. García Harfuch tendrá que gestionar esta relación cuidadosamente para asegurar una transición suave y efectiva. Dado su historial en la Ciudad de México, habrá una expectativa de que García Harfuch logre resultados rápidos en la reducción de la violencia y la criminalidad a nivel nacional. Sin embargo, la magnitud y complejidad de los problemas a nivel federal son considerablemente mayores que los de la capital.
