El Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más longevas de México, ha expandido sus actividades ilícitas utilizando embarcaciones ligeras para el tráfico de drogas, personas y la pesca ilegal en aguas tanto mexicanas como estadounidenses. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estas operaciones están centralizadas desde Playa Bagdad, también conocida como Playa Costa Azul, en el estado de Tamaulipas.
Los pescadores vinculados al cártel emplean lanchas rápidas de entre 20 y 30 pies de largo para cruzar ilegalmente a aguas texanas. Estas embarcaciones no solo transportan drogas y migrantes, sino que también se utilizan para pescar especies valiosas como el pargo rojo y tiburones, cuya captura está estrictamente regulada en Estados Unidos debido a su escasez. Las investigaciones indican que la pesca ilegal representa una fuente significativa de ingresos para el Cártel del Golfo, ya que los pescadores regresan a México con sus capturas, las cuales son procesadas y vendidas localmente o reexportadas a Estados Unidos, generando millones de dólares anuales. Sin embargo, estas actividades también ocasionan graves daños al ecosistema marino, incluyendo la muerte de especies capturadas accidentalmente.
La red de estas operaciones está encabezada por Ismael Guerra Salinas, conocido como Mayelo, y su hermano Omar Guerra Salinas, alias Samorano, quienes supervisan la logística de las actividades de pesca ilegal, tráfico de drogas y transporte de personas. En Matamoros, el liderazgo del Cártel del Golfo está a cargo de Francisco Javier Sierra Angulo, conocido como El Borrado, Raúl Decuir García, alias La Burra, e Ildefonso Carrillo Sapien, llamado El Chivo, quienes controlan los campamentos de lanchas en Playa Bagdad. Estos campamentos funcionan como bases operativas donde los pescadores y contrabandistas reciben apoyo logístico para sus incursiones en aguas estadounidenses.
La OFAC ha impuesto sanciones a estos líderes bajo la Orden Ejecutiva 14059, que busca combatir el tráfico de drogas y las actividades financieras asociadas. Estas sanciones incluyen el congelamiento de bienes y la prohibición de realizar transacciones financieras con personas y entidades relacionadas con el Cártel del Golfo. Además de las consecuencias legales y sociales, las actividades del cártel tienen un impacto ecológico considerable. La pesca no reglamentada de pargo rojo y tiburón afecta la biodiversidad marina y pone en riesgo especies protegidas. Por otro lado, el comercio generado ilegalmente perjudica a la industria pesquera legítima en ambos países.
La diversificación de actividades marítimas ilícitas—incluyendo el tráfico de drogas, personas y pesca ilegal—demuestra la capacidad del Cártel del Golfo para adaptarse y aprovechar la porosidad de las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos. Las autoridades enfrentan el desafío de intensificar la vigilancia y la colaboración binacional para combatir este complejo esquema criminal, con el objetivo de proteger tanto la seguridad nacional como los ecosistemas marinos afectados por estas operaciones ilegales.
