Toluca, Estado de México, 24 de octubre de 2025.- Con el fin de interrumpir la cadena de comercio ilícito de agua que se registra en municipios del Estado de México, en los primeros minutos de este día inició la Operación “Caudal” con despliegues y acciones operativas simultáneas en 48 municipios para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro.
Las acciones fueron planeadas en el marco de la Mesa de la Paz encabezado en la entidad por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Fiscalía General de Justicia del Estado de México y corporaciones policiacas municipales, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como del Gobierno del Estado de México a través de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y organismos municipales de agua.
Las fuerzas de los tres órdenes de gobierno se desplegaron en los municipios de: Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotzingo, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa María Rayón, Soyaniquilpan, Tecámac, Tejupilco, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.
Como parte de la estrategia para combatir el lucro ilícito del agua y con base en denuncias ciudadanas e información aportada por el CNI, así como por autoridades municipales, la Fiscalía del Estado de México inició diversos expedientes de investigación, las diligencias permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna, o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobre explotación, así mismo fueron detectadas redes ilícitas de donde se hurtaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario público o a algún organismo administrador.
A través de actos de investigación y análisis de mercado, se advirtió que mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec era comercializada con sobre costo del 59 por ciento, en Cuautitlán con 41.4, en Tlalnepantla con 32.42 y en Toluca con casi 10 por ciento, porcentajes que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.
Las pesquisas también establecieron que, el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población, en tanto que, para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin que contaran con los permisos obligatorios. Además, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías.
También se pudo establecer que las acciones referidas eran llevadas a cabo por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.
Los hechos antes descritos son constitutivos de delito conforme al Código Penal del Estado de México, que establece que las principales conductas asociadas a estos ilícitos consisten en la extracción, distribución, suministro y comercialización de agua potable sin la autorización legal correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido. Adicionalmente fueron identificadas prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad.
Por lo anterior, y con el propósito de combatir el lucro ilícito derivado del comercio ilegal de agua, la Fiscalía del Estado de México solicitó mandamientos judiciales para la ejecución de 152 técnicas de investigación de cateo, de las cuales 142 fueron autorizadas por la Autoridad Judicial. Cabe destacar que, para dar atención a la magnitud de dichas solicitudes, el Poder Judicial del Estado de México designó Jueces de Control Especializados, suficientes, con el único fin de atender, durante más de 72 horas ininterrumpidas la Operación “Caudal”.
Para cumplimentar los mandamientos judiciales, fueron desplegadas acciones operativas simultáneas en 48 municipios, las cuales permitieron intervenir 189 inmuebles a través de 142 técnicas de investigación de cateo y 47 inspecciones, en estos lugares fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.
De igual forma, fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos y fueron detenidos siete sujetos en flagrancia, dos de ellos por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, dos más por portación de arma prohibida, dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua, y un sujeto por ataque peligroso y portación de arma prohibida, quien habría accionado un arma de fuego para evitar la inspección de un inmueble en el municipio de Lerma.
Es importante señalar, que, derivado de los actos de investigación y en atención a su relación con delitos relacionados con la explotación y comercialización ilegal de agua, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitará acción penal en contra de diversos objetivos identificados como integrantes relevantes de organizaciones sociales que operan bajo la fachada de sindicatos, así como de servidores públicos y particulares, por su probable intervención en los hechos constitutivos de delito que dieron origen a la Operación “Caudal”.
Las acciones operativas no afectaron el funcionamiento de la infraestructura y pozos oficiales, y el Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, en coordinación con organismos de agua municipales, contaban con un plan para poder atender alguna contingencia de abasto.
Para denunciar cualquier hecho delictivo, la ciudadanía tiene a su disposición el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.
