Aproximadamente 2,000 salvadoreños participaron este domingo en una manifestación pacífica en San Salvador, con el objetivo de exigir la liberación de sus familiares detenidos “injustamente” como parte de la guerra antipandillas implementada por el presidente Nayib Bukele desde 2022.
Detalles de la manifestación
Los manifestantes, portando fotografías y pancartas de sus familiares encarcelados, iniciaron la marcha desde el parque Cuscatlán, ubicado en el oeste de la capital, y culminaron en el centro de San Salvador sin reportarse incidentes. “Pido la libertad para mi esposo y mi hijo, porque los han capturado injustamente, pues ellos no deben nada, no son delincuentes ni criminales”, declaró Sebastiana Avelar, una ama de casa de 54 años. Su esposo, Marcos Avelar (57), fue detenido el 29 de julio de 2022, y su hijo, Manuel Ernesto Avelar (24), fue capturado el 13 de marzo de 2023. “Es desesperante vivir sin saber cómo están”, añadió Sebastiana, señalando que las visitas a los penales están actualmente prohibidas.
Contexto de la guerra antipandillas
En respuesta a una escalada de homicidios, el 27 de marzo de 2022, el presidente Bukele inició una “guerra” contra las pandillas, respaldado por un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Desde entonces, se han detenido a 84,260 personas bajo este régimen. El 12 de noviembre, Bukele anunció que aproximadamente 8,000 de los detenidos fueron liberados. Sin embargo, según el fiscal general Rodolfo Delgado, estos liberados permanecen bajo medidas cautelares mientras continúan sus procesos legales.
Críticas al régimen de excepción
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), criticó el uso del régimen de excepción: “El régimen ya no es para combatir a las pandillas, el régimen es para someter al pueblo para que no se manifieste por sus reivindicaciones”. A inicios de mes, el gobierno de Bukele aceptó estudiar la liberación de 150 detenidos que presuntamente estarían encarcelados de manera injusta o con fallas procesales. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal, junto con MOVIR, afirman que existen alrededor de 30,000 inocentes entre las 83,000 personas detenidas sin orden judicial y acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas.
Impacto social y demanda de justicia
La situación ha generado una profunda preocupación entre la sociedad salvadoreña, que demanda transparencia y justicia en el manejo de los procesos judiciales relacionados con la guerra antipandillas. Las restricciones actuales, como la prohibición de visitas a los penales, han incrementado el sufrimiento de las familias afectadas, que viven en constante incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.
