La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este miércoles la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La condena se debe a su presunta participación en favorecer al empresario Lázaro Báez en licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz. La decisión, emitida por la Sala IV de la Cámara de Casación, ratifica la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de diciembre de 2022.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron tanto los recursos de apelación presentados por la defensa de Kirchner como los de la fiscalía, manteniendo así las condenas y absoluciones previamente dictadas. La defensa de la expresidenta anunció que recurrirá esta resolución ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, agotando la última instancia legal para intentar evitar la ejecución de la pena.
Cristina Fernández de Kirchner fue hallada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. No obstante, en una decisión dividida, fue absuelta del cargo de asociación ilícita, considerado más grave dentro de los hechos investigados.
¿Irá inmediatamente a prisión?
A pesar de la confirmación de la sentencia, Kirchner no será enviada a prisión de forma inmediata. En Argentina, las penas solo se ejecutan una vez agotadas todas las instancias de apelación. El recurso ante la Corte Suprema podría prolongar varios años el proceso, según el Código Procesal Penal Federal vigente. Además, su edad, de 71 años, le permitiría solicitar el cumplimiento de la condena en arresto domiciliario en caso de que la sentencia sea definitiva. La propuesta de la “Ley de Ficha Limpia”, actualmente en debate en el Congreso, podría también impedirle postularse a futuros cargos públicos.
Adicionalmente, el fallo ordena el decomiso de bienes y fondos por un valor de 84.835 millones de pesos argentinos, que se ejecutará una vez que la sentencia sea definitiva y ajustada al monto actualizado, según informó Gustavo Hornos, presidente del tribunal.
Otros imputados en la causa
La resolución también ratificó las condenas de otros exfuncionarios y del empresario Lázaro Báez, dueño de la constructora Austral Construcciones. Báez, condenado previamente por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de armas, ya cumple prisión domiciliaria en Santa Cruz. Fue señalado como socio comercial de la familia Kirchner y uno de los principales beneficiados por contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La defensa de Kirchner argumentó que los contratos cuestionados fueron auditados y considerados legítimos en su momento, calificando las investigaciones como una «persecución judicial» motivada por intereses políticos. La expresidenta denunció una manipulación de la justicia destinada a impedir su participación en la política. Mientras tanto, sus aliados sostienen que las condenas forman parte de un ‘lawfare’ para eliminar su influencia, mientras que sus opositores ven en el fallo una señal de que la justicia responsabiliza a altos funcionarios por actos de corrupción.
