El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que autoridades venezolanas habrían acordado la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad hacia territorio estadounidense, que serían vendidos “a precio de mercado” y cuyos ingresos serían administrados por su gobierno.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Trump aseguró que este acuerdo —cuyo alcance y formalización aún no ha sido confirmado de forma independiente por organismos internacionales o fuentes oficiales de Venezuela— permitiría la gestión de los recursos obtenidos bajo la supervisión del Ejecutivo estadounidense, con la intención declarada de “beneficiar tanto a la población venezolana como a la estadounidense”.
La Casa Blanca detalló que el crudo venezolano se caracterizaría por su alta calidad y que su venta se realizará en condiciones de mercado, aunque no se han publicado documentos oficiales del acuerdo ni cronogramas concretos de entrega, lo que ha generado dudas en analistas y sectores de la comunidad internacional sobre la operatividad y los mecanismos de control de los fondos.
La declaración de Trump ocurre en un contexto de alta tensión diplomática entre ambos países, tras recientes operaciones estadounidenses en territorio venezolano que incluyeron la captura del presidente Nicolás Maduro. Estos eventos han sido objeto de críticas por parte de gobiernos y organizaciones que consideran que podrían violar principios de soberanía y derecho internacional.
Hasta el momento, ni el gobierno de Venezuela ni el Estado interino que supuestamente autorizó esta entrega han emitido comunicados oficiales confirmando los términos de la transacción o el destino de los recursos. Analistas energéticos señalan que el volumen de petróleo anunciado representa una fracción —aunque significativa— de la producción venezolana, y que cualquier exportación requeriría coordinación logística compleja, en particular bajo el régimen de sanciones que ha pesado sobre Caracas en los últimos años.
Organismos económicos y expertos en energía han solicitado mayor transparencia sobre los detalles técnicos y legales del supuesto acuerdo, así como claridad sobre cómo se garantizará el uso de los ingresos destinados a programas de desarrollo social o estabilización económica en Venezuela.
Este anuncio se suma a un periodo de reconfiguración de las relaciones energéticas entre Washington y Caracas, donde la política petrolera ha sido uno de los puntos más sensibles y estratégicos de la agenda bilateral en los últimos años.
