El Capitolio de Sacramento, sede del poder legislativo de California, emitió una recomendación formal a los senadores federales de ese estado, Alex Padilla y Adam Schiff, para que voten en contra de la propuesta que impondría un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas enviadas por migrantes mexicanos a su país de origen. La medida se encuentra en proceso de análisis en el Senado federal de Estados Unidos y forma parte del paquete legislativo conocido como One Big Beautiful Bill, ya aprobado por la Cámara de Representantes.
La recomendación se dio a conocer al senador de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien el pasado 21 de mayo se reunió con integrantes del Comité Selecto sobre Asuntos Binacionales California-México, encabezado por el legislador local David Álvarez. En ese encuentro, Loera presentó un análisis técnico en el que detalló los efectos negativos que tendría el nuevo gravamen tanto para las familias receptoras en México como para la economía californiana.
La Legislatura de California advirtió que la medida podría reducir el poder adquisitivo y el gasto de los consumidores mexicanos en Estados Unidos. “En lugar de disminuir el volumen de remesas, muchas familias migrantes reducirán sus compras diarias dentro del país”, advierte la carta enviada a los senadores, en la que también se señala la posible inconstitucionalidad de imponer un nuevo tributo sobre ingresos ya gravados.
De acuerdo con cifras citadas en el documento, las remesas anuales enviadas por trabajadores mexicanos en Estados Unidos superan los 60 mil millones de dólares, y cerca de la mitad provienen de los estados de California y Texas. Los sectores económicos con mayor participación de migrantes son la construcción, la manufactura, la hospitalidad, la educación, el transporte y la agricultura.
Otro punto de preocupación planteado por la Legislatura californiana es el riesgo de que la nueva normativa empuje a los migrantes a utilizar canales informales para el envío de dinero, con el consecuente fortalecimiento de redes ilegales o de crimen organizado. Además, advierten que los nuevos requisitos burocráticos, como identificar el estatus migratorio de cada remitente, podrían entorpecer el funcionamiento del sistema financiero.
Juan Carlos Loera también sostuvo reuniones privadas con legisladores estatales como Blanca Pacheco y Mark González, quienes junto a David Álvarez firmaron la recomendación oficial enviada a Washington. El senador mexicano agradeció la disposición de las autoridades californianas para proteger los derechos de las comunidades migrantes y reiteró que continuará su labor de defensa a favor de los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos.
