El presidente Donald Trump firmó este 19 de noviembre la llamada Epstein Files Transparency Act, una legislación aprobada casi por unanimidad en el Congreso que ordena al Departamento de Justicia de Estados Unidos publicar, en un plazo máximo de 30 días, los documentos no clasificados relacionados con la investigación del financiero Jeffrey Epstein. La medida, que obtuvo 427 votos a favor y solo uno en contra en la Cámara de Representantes, también recibió el respaldo unánime del Senado, lo que aceleró su envío a la Casa Blanca para su promulgación.
La ley establece que el fiscal general deberá poner a disposición del público los expedientes, comunicaciones y registros vinculados con las pesquisas federales sobre Epstein, con excepciones específicas para proteger la identidad de víctimas, evitar la difusión de material de abuso sexual infantil o impedir afectaciones graves a la privacidad. El texto prohíbe expresamente retener información por motivos de “vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”, lo que refleja la presión bipartidista por transparentar un caso que durante años ha estado rodeado de opacidad y especulación.
La firma de Trump representa un giro significativo después de meses de resistencia. El mandatario había descalificado en repetidas ocasiones la iniciativa impulsada por legisladores tanto demócratas como republicanos, y la calificó como un intento de sus adversarios por dañarlo políticamente. Sin embargo, la creciente exigencia de sobrevivientes y congresistas terminó por inclinar la balanza y llevarlo a estampar su firma en la legislación.
Con esta decisión, el Departamento de Justicia deberá liberar los archivos antes de que termine diciembre, aunque aún se desconoce cuántos documentos serán revelados y qué proporción podría mantenerse parcialmente redactada por motivos legales. La publicación de los expedientes podría aportar nueva información sobre las redes de explotación sexual asociadas a Epstein, así como sobre las figuras públicas que estuvieron cerca de él. El alcance real de la divulgación dependerá de la interpretación que haga el gobierno de las excepciones permitidas por la ley, un punto que ya genera debate entre abogados, víctimas y observadores políticos.
