El pasado 31 de julio, el municipio de Calkiní, en Campeche, se convirtió en escenario de una controversia nacional luego de que, durante una festividad local, pobladores introdujeran animales silvestres como serpientes e iguanas en cántaros de barro que posteriormente fueron rotos por menores de edad, en un acto similar al de una piñata. Videos difundidos en redes sociales generaron indignación y reactivaron el debate sobre los límites entre los usos y costumbres y el bienestar animal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había acudido al sitio antes del evento para advertir que la práctica violaba la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, los inspectores se vieron obligados a retirarse tras enfrentar la resistencia de los habitantes. Tras los hechos, la autoridad ambiental emprendió acciones legales y coordinó esfuerzos con diversas instancias para investigar lo ocurrido.
El 5 de agosto, la Profepa sostuvo una reunión con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales para abrir una carpeta de investigación con base en el Código Penal de Campeche. Un día después, envió un exhorto al Ayuntamiento de Calkiní para exigir el respeto a las leyes ambientales, y notificó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado por la participación de menores. También se informó al Congreso local, debido a la posible implicación de la diputada Mayda Mas Tun, quien aparece en imágenes del evento.
El caso podría tener implicaciones federales, ya que el artículo 420 del Código Penal Federal establece penas de hasta nueve años de prisión por dañar fauna silvestre. Aunque algunos habitantes defienden la práctica como parte de su identidad cultural, la ley prohíbe expresamente el uso de especies silvestres en actividades que les generen sufrimiento, sin importar si forman parte de rituales o celebraciones tradicionales.
Expertos en derechos de la infancia y bienestar animal advierten que la exposición de menores a actos de violencia contra animales puede tener efectos psicológicos negativos, al normalizar conductas agresivas y disminuir la empatía hacia otras formas de vida. Organizaciones y activistas también han alertado sobre el impacto mediático del caso, que ha afectado la imagen pública del municipio y podría repercutir en su atractivo turístico.
El caso de Calkiní abre nuevamente un debate nacional sobre el equilibrio entre la conservación de tradiciones y el cumplimiento de las leyes modernas que protegen a la fauna y a la niñez. La Profepa ha declarado que continuará el seguimiento del caso y no descarta llevarlo a instancias federales. Mientras tanto, la sociedad mexicana enfrenta una encrucijada entre el respeto a sus raíces y la evolución hacia prácticas más éticas y legales.
