A días de que entren en vigor los aranceles del 30?% a mercancías mexicanas anunciados por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete para evaluar la ruta a seguir y mitigar el impacto económico. Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que se revisan esquemas alternativos al gravamen y se estudia la posibilidad de reducir el déficit comercial sin afectar el crecimiento nacional.
Sheinbaum señaló que, de ser necesario, buscará establecer comunicación directa con el presidente Donald Trump para abordar el tema de las tarifas previstas a partir del 1?de agosto. “La próxima semana vamos a ver si los equipos pueden encontrar un acuerdo; estamos abiertos a dialogar”, afirmó, tras dar a conocer que se han presentado varias propuestas de intercambio con el Plan México.
En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo recibió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con quien profundizó en las medidas que México ha planteado a su contraparte estadounidense. El canciller llegó a las 13:03 horas y abandonó el recinto a las 13:59, tras participar en el análisis de oportunidades diplomáticas para frenar la aplicación de los aranceles.
Por otro lado, la presidenta destacó una reducción del 50?% en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos desde octubre de 2024, resultado de las incautaciones y la destrucción de laboratorios de metanfetaminas. “Esto implica pérdidas cercanas a 43?mil millones de pesos para el crimen organizado”, afirmó, al subrayar que las autoridades de EU han reconocido este avance.
En cuanto al caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a un año de su sustracción, Sheinbaum reiteró que México mantiene la insistencia para obtener información de las autoridades norteamericanas, sin ceder en su postura de colaboración y coordinación, pero rechazando cualquier injerencia en la soberanía nacional.
Finalmente, la mandataria aclaró que ningún ciudadano está obligado a proporcionar sus datos para la CURP biométrica, aunque hizo énfasis en la utilidad de los datos biométricos para casos de desapariciones y víctimas de violencia. “Se garantiza que no se hará mal uso de la información; su empleo está destinado a apoyar en la atención a víctimas”, concluyó.
