La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que revertir los avances alcanzados en materia de derechos sociales durante los últimos años sería un proceso complejo, debido a que varias de las principales políticas impulsadas por la Cuarta Transformación ya fueron incorporadas a la Constitución.
De acuerdo con **La Jornada**, durante su conferencia matutina de este lunes 28 de septiembre, la mandataria sostuvo que las reformas constitucionales aprobadas en los últimos años han permitido consolidar derechos y recuperar para el Estado áreas estratégicas que, desde la perspectiva de su gobierno, habían sido debilitadas durante el periodo neoliberal.
Sheinbaum destacó que la actual Legislatura del Congreso de la Unión se ha convertido en un “Constituyente de la Cuarta Transformación”, debido al número y alcance de las modificaciones constitucionales aprobadas.
Entre esos cambios mencionó las reformas relacionadas con los programas de Bienestar, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la recuperación del carácter público y estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La presidenta señaló que llevar estas disposiciones a la Constitución dificulta que una futura administración pueda modificarlas o eliminarlas, pues para hacerlo sería necesario reunir las mayorías calificadas requeridas para una reforma constitucional.
Según **La Jornada**, Sheinbaum también reivindicó el concepto de democracia impulsado por su movimiento, al señalar que ésta debe entenderse no únicamente desde la representación política, sino también a partir de la participación del pueblo y de la justicia social.
La mandataria contrastó esta visión con la que atribuyó a las élites políticas y económicas del pasado y sostuvo que las libertades deben incluir derechos como la manifestación y la libertad de expresión, además de los principios relacionados con la actividad económica.
En ese contexto, Sheinbaum consideró que los cambios constitucionales realizados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación han establecido una base jurídica que hace más difícil revertir las políticas sociales y económicas impulsadas desde 2018.
