Ciudad de México, 24 de junio de 2025.– En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio formal del proceso legislativo para aprobar un paquete de reformas prioritarias en materia de seguridad pública, inteligencia y Guardia Nacional, con el objetivo de consolidar su Estrategia Nacional de Seguridad. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, reformas a la Ley de la Guardia Nacional y adecuaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la mañanera del Pueblo de este martes, Sheinbaum explicó que estas reformas buscan fortalecer el papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), encabezada por Omar García Harfuch, dotándola de nuevas facultades para la recopilación y centralización de información sensible. Asimismo, destacó que se formaliza el mando militar de la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual —afirmó— garantizará mayor coordinación y eficacia en tareas de vigilancia, prevención del delito e inteligencia.
En paralelo, se prevé la creación de un Secretariado Ejecutivo para dirigir la estrategia nacional, así como la implementación de una nueva academia nacional para la formación de policías y agentes especializados. La iniciativa contempla el desarrollo de bases de datos centralizadas que integrarán registros biométricos, fiscales, judiciales y de movilidad.
Desde el Congreso, legisladores de Morena confirmaron que estas propuestas serán abordadas durante el periodo extraordinario que inició este lunes. Sin embargo, la oposición —principalmente PAN, PRI y MC— advirtió sobre el riesgo de una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo federal y cuestionó la falta de controles civiles, al considerar que se avanza hacia una militarización institucional del sistema de seguridad.
El debate continuará en las próximas horas en ambas cámaras, con la expectativa de que las reformas sean aprobadas antes de que concluya la semana. Organizaciones civiles han pedido al Poder Legislativo garantizar un análisis profundo que considere el respeto a los derechos humanos y la privacidad ciudadana.
