Ciudad de México, 30 de septiembre de 2024 – En una sesión histórica celebrada anoche, la Cámara de Diputados dio el primer paso decisivo para derogar la reforma energética implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. La reforma, que en su momento abrió el sector energético a la inversión privada, ahora es objeto de una nueva legislación que reafirma el papel predominante de las empresas estatales en el ámbito energético mexicano.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que restituye a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresas públicas del Estado, eliminando su estatus anterior de «empresas productivas del Estado». Esta modificación busca consolidar el control estatal sobre el sector energético, alejándolo de la concepción de un sector meramente productivo y orientado hacia la generación de rentas.
“El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”, afirmó uno de los diputados durante la sesión. Además, la reforma enfatiza la planificación y control del Sistema Eléctrico Nacional para asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio eléctrico a precios competitivos, evitando el lucro privado.
La reforma incluye la derogación de los artículos transitorios del decreto de 2013, que permitían la participación de empresas privadas en el sector energético. Entre las disposiciones eliminadas se encuentra la del Décimo Primero transitorio, que permitía la contratación de particulares para financiar, instalar y operar infraestructura eléctrica. Asimismo, se pone en riesgo la continuidad del Centro Nacional de Control de Energía, organismo encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional.
“El decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades”, señaló el dictamen, subrayando la necesidad de fortalecer las capacidades de las empresas públicas.
Con la eliminación del concepto de «empresas productivas del Estado», la reforma también retira de la Constitución la obligación de estas entidades de crear valor económico e incrementar los ingresos de la Nación con un enfoque de equidad y responsabilidad social y ambiental. Además, se establece que las empresas públicas contarán con autonomía presupuestal y estarán sujetas únicamente al balance financiero y al techo de servicios personales aprobado por el Congreso de la Unión.
“Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución”, especifica el dictamen, lo que implica una reestructuración significativa en la administración y financiamiento de estas entidades.
La modificación de la denominación jurídica de Pemex también afecta las disposiciones constitucionales relacionadas con los contratos en la industria de hidrocarburos. Al redefinir a Pemex como una empresa pública del Estado, se limitan las posibilidades de colaboración con el sector privado, restringiendo la inversión extranjera y nacional en el sector petrolero.
Con la aprobación de esta reforma, diversos transitorios de la reforma energética de 2013 quedan en riesgo de eliminación, lo que podría llevar a una reversión completa de las políticas implementadas durante la administración de Peña Nieto. Se espera que la reforma avance hacia su aprobación final en el Congreso y sea sancionada por el Ejecutivo, consolidando así el control estatal sobre el sector energético mexicano.
La oposición ha reaccionado de manera mixta, reconociendo el impacto significativo de esta reforma pero señalando posibles desafíos en su implementación y en la atracción de inversiones necesarias para el desarrollo del sector.
