A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Gobierno federal presentó este lunes nuevos avances de la investigación, entre los que destacan el análisis de comunicaciones telefónicas, la identificación de 17 personas que no habían sido investigadas y una línea que indaga una posible red vinculada con funerarias, el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.
Durante la presentación pública, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue revisar lo investigado durante los últimos 12 años sin comenzar desde cero, mediante nuevas herramientas tecnológicas que permitan cruzar documentos, testimonios, peritajes, registros y comunicaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) registra un avance cercano al 90 por ciento en la digitalización y sistematización de una investigación integrada por aproximadamente cinco millones de páginas distribuidas en tres mil tomos. Desde 2019, además, se han realizado trabajos de búsqueda en mil 931 sitios de nueve municipios de Guerrero.
Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, informó que el reanálisis de las comunicaciones registradas entre 2014 y 2015 permitió detectar a 17 personas que anteriormente no habían sido consideradas como sujetos de investigación.
De acuerdo con el fiscal, el análisis permitió reconstruir comunicaciones entre servidores públicos, elementos policiales, particulares y personas presuntamente vinculadas con grupos de la delincuencia organizada durante las horas críticas de la desaparición de los normalistas.
Entre las líneas que adquirieron mayor relevancia se encuentra la relacionada con funerarias y servicios forenses de Iguala. La Fiscalía detectó comunicaciones entre personas señaladas como integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, relacionado con funerarias de esa ciudad, así como con Irving “N”.
Las autoridades investigan la hipótesis de que una red criminal pudiera haber utilizado funerarias y servicios forenses para desaparecer evidencias mediante procesos de incineración. Pazarán precisó que las investigaciones sobre la funeraria El Ángel y otros inmuebles derivaron en procesos penales, entre ellos uno contra Rodolfo “N” por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.
En diligencias realizadas en la funeraria El Ángel fueron localizados restos óseos, documentación y certificados de defunción, así como documentos relacionados con traslados e inhumaciones que se encontraban firmados y sellados, pero sin llenar. También se investigó la existencia de instalaciones utilizadas para cremación.
Las indagatorias se extendieron al Semefo de Iguala, donde las autoridades reportaron restos sin registro, expedientes duplicados, piezas dentales y restos calcinados. Las búsquedas efectuadas hasta junio de este año permitieron recuperar 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos y restos biológicos.
Uno de los fragmentos recuperados en marzo de 2026 presentó una coincidencia genética con otro fragmento localizado en 2021 a unos 123 kilómetros de distancia, elemento que permanece bajo análisis de las autoridades.
La Fiscalía también profundiza en el uso de teléfonos celulares pertenecientes a algunos de los estudiantes después de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño, por ejemplo, registró actividad entre el 23 y el 25 de octubre de ese año, casi un mes después de la desaparición.
También se detectó actividad posterior en aparatos relacionados con Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez. Las autoridades buscan establecer quién tuvo acceso a esos dispositivos y cómo llegaron a manos de policías, exservidores públicos o personas relacionadas con ellos.
Pazarán señaló que el análisis telefónico no se limita a identificar números, sino que permite determinar quién se comunicó con quién, en qué momento y cuántas veces, con el propósito de reconstruir relaciones y movimientos ocurridos durante y después de los ataques de Iguala.
La nueva metodología también permitió ubicar a personas presuntamente relacionadas con Guerreros Unidos y otros grupos criminales, así como elementos de corporaciones policiales que ahora son objeto de investigación. Estos hallazgos podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión, detenciones y acciones de búsqueda.
Las autoridades subrayaron que los indicios encontrados en funerarias, instalaciones forenses y otros puntos de búsqueda continúan sometidos a análisis y que, hasta el momento, no se ha establecido que los restos recuperados correspondan a alguno de los 43 normalistas desaparecidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que la presentación de este lunes no significa el cierre de la investigación. Explicó que las madres y padres de los estudiantes ya conocían la información expuesta públicamente y reiteró que continuarán las investigaciones para determinar qué ocurrió con los jóvenes y establecer responsabilidades.
