La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este jueves 5 de junio la demanda presentada por el Gobierno de México contra diversos fabricantes de armas estadounidenses, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano y, con ello, contribuir a la violencia generada por el crimen organizado.
Con una votación unánime de 9-0, el máximo tribunal resolvió que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a estas empresas de responsabilidad civil por el uso indebido de sus productos por parte de terceros. Entre las compañías señaladas se encuentran Smith & Wesson, Glock, Colt, Beretta y el distribuidor Interstate Arms. México había solicitado una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.
En la opinión de la Corte, redactada por la jueza Elena Kagan, se concluyó que México no logró demostrar que los fabricantes promovieran deliberadamente ventas ilegales o que tuvieran la intención de que sus productos llegaran a manos del crimen organizado. Aunque el gobierno mexicano argumentó que algunas prácticas de comercialización estaban dirigidas a los cárteles —como el uso de nombres en español o referencias culturales mexicanas en los modelos de armas—, la Corte indicó que estos productos también son legales y utilizados por consumidores regulares.
Pese al revés legal, México mantiene abierta una segunda demanda en una corte de Arizona contra cinco distribuidores de armas, proceso que sigue su curso. De acuerdo con datos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), entre 200,000 y 500,000 armas fabricadas en EE.UU. ingresan cada año de manera ilegal a México.
