Con 349 votos a favor y 132 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de la Guardia Nacional, que establece el traslado de la corporación de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional. El dictamen otorga nuevas facultades en tareas de investigación, inteligencia, operaciones encubiertas y la posible intervención de comunicaciones privadas, lo que ha generado un intenso debate político.
Mientras Morena y sus aliados afirman que la Guardia Nacional mantiene un carácter civil y se alinea con la estrategia nacional de seguridad pública, legisladores de oposición —incluyendo PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— acusan que la reforma representa una militarización encubierta y un riesgo para la privacidad de los ciudadanos. El panista Guillermo Anaya incluso calificó la legislación como una “ley espía”, mientras que la diputada Laura Ballesteros presentó sin éxito una moción suspensiva para devolver la iniciativa a comisiones.
La nueva normativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, define a la Guardia Nacional como una institución permanente de seguridad pública con personal militar de formación policial. Entre sus nuevas atribuciones destaca la posibilidad de intervenir comunicaciones con autorización judicial, realizar vigilancia encubierta, actuar en zonas fronterizas, aduanas y carreteras, así como coordinarse con autoridades estatales y municipales. El mando estará a cargo de un general de división propuesto por la Secretaría de la Defensa y designado por la Presidencia.
