Con 355 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Derechos, una reforma que ajusta los costos de diversos servicios públicos y gubernamentales, incluidos los trámites migratorios, pasaportes y el acceso a museos y zonas arqueológicas.
El dictamen, presentado por la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM, plantea que los cambios permitirán optimizar la explotación de los bienes del dominio público de la nación y actualizar tarifas que llevaban años sin modificarse. Según la exposición de motivos, el objetivo es que los pagos por servicios públicos reflejen su costo real y fortalezcan la recaudación federal.
De acuerdo con la información legislativa y los análisis preliminares de Hacienda, las modificaciones incluyen ajustes en los servicios migratorios, con aumentos en las cuotas por expedición de documentos para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes. También se prevé un incremento en los derechos cobrados por emisión de pasaportes y documentos de nacionalidad mexicana.
El acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas se encarecerá bajo el argumento de cubrir los costos de conservación y mantenimiento, mientras que otros derechos federales, como los relacionados con inspección, vigilancia y uso de bienes del dominio público, serán actualizados con base en criterios inflacionarios. Aunque los nuevos montos específicos aún no se publican en el Diario Oficial de la Federación, fuentes legislativas indicaron que los incrementos serán graduales y se aplicarán a partir del ejercicio fiscal 2026.
Durante la sesión, los partidos de oposición —PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano— votaron en contra del dictamen al considerar que la medida representa una política recaudatoria disfrazada de modernización. Diputados del PAN señalaron que la reforma impactará a millones de mexicanos que requieren servicios básicos o turísticos, sin que exista una mejora tangible en la calidad de dichos servicios.
Por su parte, Morena defendió la propuesta argumentando que la actualización no crea nuevos impuestos, sino que busca que los derechos y cuotas se ajusten a la realidad económica del país y eviten subsidios implícitos que favorecen a sectores con mayor capacidad económica. “No se trata de cobrar más, sino de cobrar lo justo por los servicios que presta el Estado”, sostuvo la diputada morenista María del Rosario García, integrante de la Comisión de Hacienda.
El dictamen fue turnado al Senado de la República, donde será discutido en los próximos días. Si el pleno lo ratifica, las nuevas disposiciones se integrarán al Paquete Económico 2026 y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero del próximo año fiscal.
Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda no ha divulgado la tabla oficial de cuotas actualizadas, aunque se espera que sea publicada junto con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Ley Federal de Derechos establece los montos que las personas deben pagar por el uso, aprovechamiento o disfrute de bienes del dominio público de la nación, así como por la prestación de servicios por parte del gobierno federal. Entre ellos se encuentran derechos de migración, cultura, medio ambiente, telecomunicaciones y recursos naturales.
De acuerdo con los legisladores de la mayoría, la actualización de tarifas contribuirá a reforzar los ingresos públicos sin aumentar impuestos, en línea con la política fiscal del Ejecutivo federal.
