El escándalo más reciente que involucra a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California por Morena, ha vuelto a encender los focos rojos sobre los alarmantes niveles de corrupción y manipulación mediática en los gobiernos estatales emanados de la autodenominada Cuarta Transformación. En esta ocasión, un audio filtrado a medios digitales y difundido ampliamente en redes sociales, muestra presuntamente a la mandataria instruyendo de manera directa el pago a un periodista crítico, bajo la fórmula eufemística de que «se le ayude», en referencia clara a un soborno encubierto con recursos públicos o favores institucionales. Este hecho, lejos de ser aislado, se suma a otros señalamientos documentados en los que tanto ella como su esposo, Carlos Torres Torres —exfuncionario federal cercano a López Obrador—, han sido acusados de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y uso clientelar del aparato de comunicación del estado para silenciar críticas o premiar adulaciones. Este nuevo audio tiene una carga política demoledora porque deja de lado cualquier posibilidad de interpretación ambigua: no se trata de un malentendido, de una declaración sacada de contexto ni de un montaje. Se trata, presuntamente, de una instrucción directa de la jefa del Ejecutivo estatal para corromper el ejercicio periodístico, cooptando a la prensa mediante pagos disfrazados. El cinismo con el que se realiza esta solicitud y la normalización del acto reflejan no solo el deterioro moral de quienes llegaron al poder con la promesa de combatir la corrupción, sino también la consolidación de redes de complicidad institucional que permiten operar estos mecanismos sin rendición de cuentas. En lugar de aclaraciones o investigaciones internas, el gobierno estatal ha optado hasta ahora por el silencio o la victimización política, argumentando que se trata de “ataques de la derecha” o campañas de desprestigio. Esta estrategia no solo evade la responsabilidad pública, sino que insulta la inteligencia de los ciudadanos al pretender justificar con retórica ideológica lo que en los hechos es una operación burda de compra de conciencias. A esto se suma el nulo pronunciamiento de la dirigencia nacional de Morena, que sigue protegiendo a figuras cuestionadas mientras exige integridad a sus adversarios. El caso de Marina del Pilar debe ser visto como una señal de alerta nacional. Si un gobierno estatal tiene la desfachatez de dejarse grabar dando órdenes para manipular periodistas, ¿qué no se hará en las sombras con licitaciones, contratos, recursos públicos o persecuciones políticas? La impunidad con la que operan estos esquemas solo es posible cuando las fiscalías estatales están subordinadas, los órganos de transparencia han sido vaciados y el Congreso local actúa como apéndice del poder ejecutivo. Esta crisis no solo pone en entredicho a una gobernadora, sino al modelo entero de control vertical que Morena ha establecido en varios estados del país, donde la lealtad al partido ha desplazado a la legalidad, y la propaganda ha sustituido a la rendición de cuentas. El hecho de que existan audios tan comprometedores y que no haya consecuencias inmediatas revela una democracia enferma, donde el poder se siente invulnerable. Si no se exige una investigación federal, autónoma y transparente, la podredumbre seguirá avanzando hasta convertirse en norma.
