La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, dio a conocer este viernes la existencia de pensiones millonarias en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), algunas de las cuales superan el millón de pesos mensuales. La funcionaria calificó estas prestaciones como “exorbitantes” y anunció el inicio de una revisión legal y administrativa para frenar abusos.
De acuerdo con los datos presentados, Luz y Fuerza del Centro mantiene un padrón de 14 073 pensionados, con un costo anual de 28 074 millones de pesos. De ellos, 9 457 extrabajadores reciben entre 100 mil y 1 millón de pesos al mes, mientras que 33 personas cobran entre 700 mil y 999 mil pesos mensuales. Incluso se registró un caso de un beneficiario que percibe más de un millón de pesos, lo que representa hasta 140 veces el promedio nacional de pensiones, calculado en 7 092 pesos.
En el caso de Pemex, bajo el régimen de confianza, se contabilizan 22 316 jubilados, con un gasto anual de 24 844 millones de pesos. Entre ellos, 544 reciben más que el sueldo neto de la presidenta de la República, lo que equivale a 1 827 millones de pesos al año. Además, se detectaron 618 pensiones superiores al salario anual del director general de la empresa y más de mil que rebasan el tabulador máximo vigente.
Buenrostro anunció que se instalarán mesas de trabajo interinstitucionales con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda, Pemex, la CFE, el IMSS y el ISSSTE, con el objetivo de analizar la legalidad de estos pagos y establecer medidas de control. También adelantó la emisión de un oficio circular para homologar los requisitos de supervivencia de los pensionados, así como convenios con el RENAPO y los registros civiles estatales para depurar los padrones.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las acciones y no descartó impulsar reformas constitucionales que eviten este tipo de pensiones desproporcionadas, además de una opción voluntaria para que los beneficiarios renuncien a una parte de lo recibido.
Con estas medidas, el gobierno busca reordenar el sistema de jubilaciones en el sector energético, garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y reducir inequidades que, según Buenrostro, resultan “ofensivas” para la ciudadanía.
