El Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, con lo que el gobierno federal podrá supervisar directamente las transmisiones de concesiones de agua, incluidas las realizadas por herencia. El dictamen fue avalado por el Senado y enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con el proyecto, los derechos de agua amparados en concesiones o asignaciones ya no podrán transmitirse libremente entre particulares, como ocurría desde hace décadas. En su lugar, cuando exista un cambio en la propiedad de un predio —ya sea por herencia, compraventa, fusión, escisión o cualquier otra figura legal—, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá realizar un proceso de reasignación a nombre del nuevo propietario.
La autoridad tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir la resolución correspondiente. La reasignación deberá respetar el volumen, uso y vigencia originalmente concedidos, con el objetivo de que el nuevo titular mantenga las mismas condiciones existentes antes del cambio de propiedad.
El Gobierno federal ha defendido la reforma al señalar que busca cerrar el mercado de agua entre particulares, limitar prácticas de acaparamiento y fortalecer la rectoría del Estado sobre un recurso considerado estratégico. Conagua ha enfatizado que no se prohíbe heredar derechos de agua, sino que estos deberán formalizarse bajo un procedimiento regulado.
Sin embargo, organizaciones agrícolas y ejidales han expresado preocupación por el impacto en la seguridad jurídica del campo. Advierten que la modificación podría afectar el valor de las tierras que históricamente se adquirían junto con sus concesiones hídricas y señalan el riesgo de que la autoridad concentre un poder excesivo sobre la asignación del recurso.
Con la reforma ya turnada al Ejecutivo, se espera su pronta publicación para que entren en vigor las nuevas reglas de control, registro y reasignación de concesiones, en medio de un debate nacional que permanece abierto entre productores, comunidades rurales y autoridades federales.
