El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en coordinación con la Secretaría de Bienestar, inició un censo nacional para identificar el estado de 933 mil viviendas en condición irregular, conocidas como “emproblemadas”, a fin de implementar soluciones integrales que atiendan tanto los adeudos históricos como la ocupación irregular.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que cerca de 497 mil viviendas dejaron de pagarse hace años y otras se encuentran inmersas en procesos judiciales, han sido adjudicadas sin escriturar o están ocupadas por terceros. El objetivo del censo, dijo, es establecer quién habita actualmente cada inmueble —ya sea el acreditado original, un tercero o si está desocupado— y su condición física.
Hasta el momento, han sido censadas 47,845 viviendas, de las cuales 87% están ocupadas y 13% deshabitadas o vandalizadas. Entre los casos detectados, también se incluyen 131 mil viviendas sujetas a juicios masivos, 216 mil que fueron adjudicadas pero no escrituradas, y 89 mil vinculadas a créditos FOVISSSTE.
Como parte del plan de acción, el Infonavit plantea diferentes rutas de atención:
- A los acreditados originales que aún ocupan su vivienda, se les ofrecerán reestructuras con reducción de tasa, quitas y congelamiento de deuda.
- A los ocupantes no derechohabientes, se les propondrá un esquema de arrendamiento social con opción a compra.
- Las viviendas desocupadas serán rehabilitadas y reasignadas a través de programas sociales, priorizando a jóvenes, personas con discapacidad y jefas de familia.
El plan se enmarca en una estrategia más amplia de rescate de cartera vencida, que contempla el congelamiento de más de 4 millones de créditos, de los cuales 630 mil ya han sido reestructurados. Otros 240 mil recibirán beneficios automáticos, mientras que 1.7 millones serán atendidos en el último trimestre del año.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado el censo y la estrategia como una medida clave para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, haciendo énfasis en que se trata de una política pública con sentido social y justicia territorial
