Dirigentes nacionales y coordinadores parlamentarios de los principales partidos de oposición expresaron su rechazo a la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtieron que la iniciativa, en los términos planteados, representa un riesgo para la autonomía de las autoridades electorales y la pluralidad política.
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, calificó la propuesta como una amenaza al sistema democrático. “El partido político de oposición que vaya con una iniciativa de reforma electoral que sería la ley Maduro, que es destruir el sistema democrático, que es destruir la representación de los partidos, es porque están arrodillados y le tienen miedo al gobierno”, declaró. En el mismo sentido, el coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve Baños, sostuvo que la iniciativa “es la confirmación de un Estado autoritario que se construye todos los días”.
Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que su grupo parlamentario no respaldará la reforma. “El PAN no va a acompañar la reforma electoral”, señaló, al considerar que no fortalece los mecanismos contra la intervención del crimen organizado en procesos electorales y que podría debilitar al árbitro electoral.
Desde Movimiento Ciudadano (MC), su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, cuestionó el momento político de la propuesta y advirtió sobre las consecuencias futuras. “Grave error de Morena y el gobierno actuar como si fueran a gobernar siempre. El poder no es eterno y los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, escribió en redes sociales.
En la Cámara de Diputados, la legisladora Kenia López Rabadán señaló que cualquier modificación legal debe centrarse en blindar las elecciones frente a la delincuencia organizada. “Si vamos a reformar las leyes electorales que sea para evitar que los delincuentes no se sientan dueños de diputados, alcaldes o gobernadores”, expresó.
La iniciativa presidencial será turnada a comisiones para su análisis. En caso de implicar cambios constitucionales, requerirá mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El debate legislativo se perfila como uno de los principales ejes del periodo ordinario, en un contexto de polarización política y definiciones rumbo a los próximos procesos electorales.
