Ciudad de México, 8 de julio de 2025 — Luego de un mes y una semana de paro laboral por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CDMX), este martes reabrieron los tribunales capitalinos, tras alcanzarse un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Con esta medida, se reanudan formalmente las actividades judiciales en la capital, aunque el regreso ha estado marcado por bloqueos, protestas aisladas y descontento de algunos sectores laborales.
Durante el paro, se estima que más de un millón 500 mil personas resultaron afectadas por la suspensión de actividades, lo que provocó el aplazamiento de aproximadamente 25 mil audiencias. El acuerdo alcanzado contempla la entrega de un bono extraordinario en diciembre, la asignación de recursos únicos para personal de niveles bajos, procesos de basificación periódica y la instalación de mesas permanentes para revisar condiciones laborales, salariales y de prestaciones. También se pactó no aplicar sanciones ni represalias contra los trabajadores que participaron en la protesta.
Sin embargo, el documento que formaliza estos compromisos aún no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo que ha generado incertidumbre entre algunos empleados judiciales, quienes señalan que no hay garantías plenas de cumplimiento. Además, en algunas sedes, como Ciudad Judicial y Plaza Juárez, persistieron protestas y bloqueos durante la mañana, incluyendo reportes de incidentes violentos.
Autoridades del PJ-CDMX señalaron que el rezago en las actividades judiciales podría tardar hasta siete meses en regularizarse. Mientras tanto, las audiencias serán reprogramadas progresivamente, con prioridad para los casos más urgentes. Las mesas técnicas seguirán activas hasta septiembre, cuando se definirá si habrá un incremento salarial del 10% solicitado por el gremio.
El conflicto laboral, que comenzó a fines de mayo, fue impulsado por la demanda de mejores condiciones laborales, basificación, aumento salarial y rechazo a presuntas violaciones a derechos adquiridos. Con el reinicio de actividades, los tribunales enfrentan el desafío de atender una carga acumulada sin precedentes, al tiempo que buscan restablecer la confianza entre sus trabajadores.
