La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el propósito de homologar en todo el país la tipificación de este delito, que en los últimos años ha afectado tanto a la ciudadanía como a empresarios y comerciantes.
Con 456 votos a favor, el dictamen —impulsado por el Ejecutivo federal— establece penas que van de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En casos agravados, como la participación de servidores públicos, el uso de menores, amenazas contra la integridad de la víctima o la comisión en grupo, las sanciones podrían elevarse hasta 25 años de cárcel.
Durante la discusión, diputadas y diputados de oposición señalaron que, en entidades como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, las penas vigentes por extorsión son incluso más altas que las contempladas en la nueva ley, por lo que advirtieron el riesgo de que algunos delincuentes actualmente sentenciados pudieran beneficiarse de la reducción de sanciones.
Por su parte, legisladores de Morena y aliados defendieron la iniciativa al argumentar que la nueva legislación permitirá contar con una estrategia unificada en todo el territorio nacional, lo que facilitará la coordinación entre autoridades y cerrará espacios a la impunidad. Además, destacaron que la ley permitirá iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.
El dictamen será ahora discutido en lo particular en el Pleno de San Lázaro, donde se analizarán las reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios antes de su eventual envío al Senado para su revisión y aprobación definitiva.
