Ciudad de México, 8 de julio de 2025 — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión con el objetivo de que el delito de extorsión sea perseguido de oficio en todo el país, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal. “La denuncia no descansará en la víctima; el Estado mexicano asumirá la responsabilidad de actuar”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.
La propuesta busca modificar el artículo 73 de la Constitución para otorgar al Congreso la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión. Aunque el delito seguirá siendo de competencia local, las 32 entidades federativas deberán armonizar sus códigos penales para iniciar las investigaciones automáticamente, como ya ocurre con delitos graves como el homicidio doloso. Con esta medida, el Gobierno pretende reducir la cifra negra de este crimen, que ha crecido 27.7 % en el último año, según reconoció la propia presidenta.
La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada el pasado 6 de julio, que también contempla la creación de unidades especializadas, el fortalecimiento del número de denuncia anónima 089, y un sistema para bloquear de manera inmediata los números telefónicos utilizados en extorsiones. La presidenta subrayó que este fenómeno delictivo no distingue regiones y afecta tanto a comerciantes como a ciudadanos comunes en todo el país.
De ser aprobada, la Ley General contra la Extorsión deberá ser armonizada por todas las legislaturas locales antes de que finalice 2025. Autoridades federales recalcaron que esta iniciativa no endurece las penas existentes, sino que busca garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y erradicar el miedo que impide denunciar. La propuesta ha sido bien recibida por organismos de seguridad, aunque organizaciones civiles han pedido que se garantice también el debido proceso y el respeto a los derechos humanos en su implementación.
