La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes respecto a la posible declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, luego de que trascendiera que el líder del Cártel de Sinaloa habría pactado un acuerdo judicial con autoridades norteamericanas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria recalcó que cualquier información proveniente de Washington deberá estar sustentada en pruebas y entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se inicien los procesos legales correspondientes. “Cualquier información que el Gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, debe ponerse en la Fiscalía General de la República, y que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión. Siempre que haya pruebas vamos a colaborar”, puntualizó.
Sheinbaum también criticó la aparente contradicción en la postura estadounidense, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas” y, al mismo tiempo, sostiene la posibilidad de negociar con sus líderes. “Ellos llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada… ¿cómo explican que no negocian con terroristas?”, cuestionó.
La mandataria aprovechó para reiterar el reclamo de su gobierno sobre la falta de información oficial en torno a la captura de Zambada en julio de 2024 y su traslado a territorio estadounidense. “Seguimos insistiendo: ¿cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada a Estados Unidos?”, señaló, al tiempo que subrayó que hasta ahora ninguna dependencia federal —ni la FGR, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Cancillería— ha recibido datos claros sobre la detención.
Sheinbaum advirtió que México no tomará como válidas las declaraciones que se filtren en medios extranjeros si no están respaldadas por pruebas formales. “Lo que vaya a declarar, cualquier tema que tuviera que ver con México, tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República; hay un procedimiento”, remarcó.
El presunto acuerdo de “El Mayo” Zambada con la justicia estadounidense se da en medio de un proceso judicial en Nueva York que podría derivar en una sentencia reducida, lo que ha encendido cuestionamientos sobre la política bilateral en materia de seguridad.
