Washington, D.C. — Estados Unidos se prepara para enfrentar un nuevo cierre del gobierno federal luego de que el Senado no lograra aprobar una medida temporal de financiamiento que permitiera mantener en operación a las agencias más allá del 1 de octubre. El fracaso de la votación dejó al país al borde de una parálisis administrativa que afectará a cientos de miles de empleados federales y a diversos servicios públicos.
El proyecto de ley impulsado por la mayoría republicana proponía extender el presupuesto hasta el 21 de noviembre, pero no consiguió los 60 votos necesarios para superar el filibusterismo. Paralelamente, una alternativa presentada por los demócratas —que incluía provisiones de salud, como subsidios del Affordable Care Act y la protección de fondos para Medicaid— también fue rechazada. Con este doble revés, la Oficina de Administración y Presupuesto ordenó a las dependencias federales preparar sus planes de cierre.
El trasfondo de la crisis radica en la profunda división política respecto a las prioridades de gasto público. Mientras los republicanos insisten en reducir costos y limitar apoyos sociales, los demócratas defienden la continuidad de programas de salud y subsidios que consideran esenciales para millones de estadounidenses. La falta de consenso entre ambos partidos ha convertido la negociación presupuestal en un campo de batalla, donde cada lado busca imponer su visión de política pública.
De no alcanzarse un acuerdo de último minuto, el cierre entrará en vigor después de la medianoche del martes. Esto implicaría la suspensión temporal de hasta 750 mil trabajadores federales y la interrupción de servicios considerados no esenciales, aunque las áreas de seguridad nacional y emergencias continuarían operando. Pese a que una ley obliga a reembolsar los salarios perdidos una vez reabierto el gobierno, la incertidumbre ya genera preocupación en la burocracia federal y en amplios sectores de la población.
