Ciudad de México 21 diciembre. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó un informe sobre la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, donde se alcanzó un acuerdo reparatorio histórico por 480 millones de pesos en favor de familiares de las víctimas y personas lesionadas.
En conferencia de prensa, la mandataria recordó que en el accidente, ocurrido a unas cuadras de su domicilio, 32 personas perdieron la vida y 63 más resultaron heridas, por lo que expresó sus condolencias a los familiares y reconoció el trabajo de las instituciones que participaron en la atención a las víctimas y en la investigación del caso, en especial la Fiscalía General de Justicia capitalina.
“Desde el primer momento se cumplieron los objetivos que nos propusimos: buscar la verdad y apoyar a las víctimas. Se han logrado 143 acuerdos reparatorios, entre víctimas directas e indirectas, con un monto total de 480 millones de pesos, una cifra histórica que no se había alcanzado en eventos de esta magnitud ni en la ciudad ni en el país”, subrayó.
Brugada detalló que de ese total, 429 millones de pesos, equivalentes al 90 por ciento, ya han sido pagados a las familias afectadas, mientras que el resto está próximo a ser cubierto. Precisó que las reparaciones han sido asumidas principalmente por la empresa responsable, aunque el gobierno capitalino también otorgó apoyos complementarios.
Desde el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno explicó que tras la explosión se desplegó un operativo de atención y rescate con más de mil 400 servidoras y servidores públicos, entre policías, bomberos, brigadistas, personal de Protección Civil y especialistas en emergencias.
“No queríamos que ninguna familia enfrentara trámites burocráticos ni obstáculos administrativos. Queríamos acompañarlas y evitar que cualquier insensibilidad agravara su dolor”, afirmó.
Brugada Molina añadió que se han implementado acciones para evitar la repetición de este tipo de tragedias, entre ellas modificaciones al Reglamento de Tránsito para limitar horarios y velocidad de las pipas que transportan hidrocarburos, así como el desarrollo de una aplicación para monitorear en tiempo real la geoposición de estas unidades.
Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que la investigación determinó que la responsabilidad del accidente fue del operador de la pipa —quien falleció en el siniestro— al conducir a exceso de velocidad y perder el control del vehículo. Agregó que la empresa también asumió responsabilidades por deficiencias en la capacitación de su personal y omisiones en sus protocolos.
“La solidez de la investigación permitió a la fiscalía negociar desde una posición firme. La disposición de la empresa y los resultados técnicos claros generaron un escenario en el que se optó por la reparación del daño y la mediación, antes de llegar a una etapa judicial”, puntualizó.
