Ciudad de México, 16 de octubre de 2025. — En una reunión celebrada la noche del miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, representantes del gobierno federal y de las principales empresas refresqueras del país, entre ellas Coca-Cola, PepsiCo y Arca Continental, alcanzaron un acuerdo histórico para reducir el consumo de azúcar en México. El convenio contempla reformulaciones en las bebidas, ajustes fiscales e incentivos de precios con el objetivo de disminuir las calorías en los productos y fomentar opciones sin azúcar.
Como parte del pacto, Coca-Cola se comprometió a reducir 30 por ciento las calorías por litro en su portafolio de bebidas, y a lograr que el 70 por ciento de sus productos disponibles en el mercado cuenten con esta nueva formulación dentro de un año. La medida forma parte de una estrategia integral que busca alinear la política fiscal y de salud pública, y responde también al debate en torno al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas.
El acuerdo establece que los refrescos con azúcar pagarán un IEPS de 3.08 pesos por litro, mientras que las versiones “light” o “zero” tendrán una carga menor de 1.50 pesos por litro. Con ello, el gobierno pretende estimular el consumo de productos bajos o sin calorías. Además, las compañías participantes acordaron ajustar los precios al público para que las bebidas con menor contenido calórico sean más accesibles económicamente, incentivando su preferencia en el mercado.
Otro de los puntos centrales del convenio es la autorregulación publicitaria. Las refresqueras limitarán la presencia de menores de edad en anuncios de bebidas azucaradas y aumentarán la promoción de productos sin azúcar. También se contempla una transición gradual en las fórmulas de las bebidas, con acompañamiento técnico de la Secretaría de Salud para asegurar la calidad y el cumplimiento de los nuevos estándares nutricionales.
El pacto se dio en el marco de la discusión del Paquete Económico 2026, que contemplaba una subida general del IEPS a los refrescos. Legisladores y funcionarios celebraron el acuerdo como un ejemplo de corresponsabilidad entre industria y Estado en materia de salud pública. No obstante, organizaciones civiles y expertos en nutrición advierten que los compromisos voluntarios podrían no ser suficientes para reducir el alto consumo de azúcar en México —uno de los más elevados del mundo— y pidieron reforzar las políticas de educación alimentaria y etiquetado claro.
