La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, en una sesión marcada por protestas dentro y fuera del recinto. El documento plantea una reconfiguración completa del marco legal para la administración del agua en el país, con énfasis en reforzar la rectoría del Estado, ordenar el sistema de concesiones y combatir el acaparamiento del recurso.
De acuerdo con la argumentación del bloque mayoritario, la iniciativa busca garantizar el acceso al agua como derecho humano y poner fin a prácticas especulativas, así como frenar el llamado “huachicoleo del líquido”. El dictamen prevé un registro público de concesiones, límites más estrictos para modificar usos del agua y nuevos criterios para priorizar el consumo humano, doméstico y vital por encima de actividades económicas. También incorpora un esquema de sanciones para impedir la transferencia irregular de concesiones y otras prácticas consideradas abusivas.
La oposición denunció que la aprobación se realizó en “fast-track” y advirtió que la ley podría vulnerar derechos adquiridos, especialmente en zonas agrícolas y comunidades rurales. Legisladores del PAN, PRI y PRD acusaron ambigüedades en la redacción y advirtieron que la norma podría derivar en discrecionalidad y mayor control político sobre el manejo del agua. Paralelamente, organizaciones campesinas realizaron protestas frente al Congreso, señalando que el nuevo marco normativo “pone en riesgo la seguridad hídrica del campo”.
El dictamen pasará a su discusión en lo particular, donde se presentarán reservas y modificaciones. De mantenerse sin cambios de fondo, la Ley General de Aguas sustituirá a la legislación vigente y abrirá paso a una nueva estructura de gestión del recurso, en medio de un debate nacional que combina demandas de equidad hídrica, preocupación por el campo y presiones por mayor sustentabilidad.
