A partir del 16 de enero de 2026, entró en vigor en México la prohibición total de la venta, comercialización, producción, importación y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, tras la publicación de la reforma correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. La medida forma parte de modificaciones a la Ley General de Salud, aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2025.
La nueva normativa establece que queda prohibida cualquier actividad con fines comerciales relacionada con vapeadores, cigarros electrónicos, dispositivos de administración de nicotina o sustancias similares, así como sus accesorios, refacciones y líquidos, independientemente de si contienen o no nicotina. La restricción también alcanza la publicidad, promoción y propaganda de estos productos en medios físicos, digitales y redes sociales.
De acuerdo con la reforma, las actividades prohibidas incluyen la fabricación, producción, importación, exportación, transporte, distribución, almacenamiento y venta, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales. Las autoridades sanitarias y de seguridad podrán asegurar mercancía, clausurar negocios y dar vista al Ministerio Público en caso de detectar incumplimientos.
En cuanto a las sanciones, la legislación contempla penas de uno a ocho años de prisión, además de multas económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes participen en la cadena comercial de estos productos de manera ilegal.
La reforma aclara que la posesión o consumo personal de vapeadores no está tipificado como delito, siempre y cuando no exista intención de venta o distribución, por lo que la prohibición se enfoca exclusivamente en el ámbito comercial.
Las autoridades federales han señalado que el objetivo de la medida es proteger la salud pública, especialmente de niñas, niños y adolescentes, ante el incremento en el consumo de vapeadores y los riesgos asociados a sustancias tóxicas presentes en estos dispositivos. Asimismo, se busca cerrar los vacíos legales que permitían su comercialización pese a restricciones administrativas previas.
Con la entrada en vigor de esta reforma, México se suma al grupo de países que han optado por una prohibición amplia de los vapeadores como estrategia para reducir el consumo de productos alternativos al tabaco y sus posibles efectos nocivos en la población.
