La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes la reforma a la Ley General de Aguas al asegurar que las acusaciones sobre presuntas afectaciones a la propiedad privada “no tienen sustento” y responden, más bien, a “mala fe” y desinformación difundida por actores políticos que —dijo— buscan generar alarma en sectores agrícolas. La mandataria afirmó que el nuevo marco jurídico “es benéfico para la nación” y que su propósito es ordenar el uso del recurso hídrico sin eliminar derechos existentes.
De acuerdo con Sheinbaum, la polémica se ha concentrado en el tema de las concesiones, particularmente en el campo. Sin embargo, sostuvo que los agricultores que cuentan con pozos dentro de sus parcelas “no tienen ningún problema”, ya que la reforma no cancela concesiones vigentes ni restringe la herencia, venta o traspaso de terrenos con derechos de uso de agua. La presidenta insistió en que el agua sigue siendo un bien de la nación y que el Estado mantiene la facultad de regular su aprovechamiento, pero subrayó que las garantías individuales de los pequeños productores permanecen intactas.
La mandataria reiteró que el objetivo central de la reforma es combatir la sobreexplotación y el acaparamiento que durante años han propiciado grandes usuarios, además de fortalecer la supervisión para evitar prácticas ilegales. Enfatizó que las nuevas disposiciones no penalizan la captación de lluvia, el uso agrícola familiar ni la operación de pipas para abastecimiento, salvo en casos de extracción clandestina o con fines de lucro indebido. “Lo que estamos haciendo es ordenar, no quitar”, puntualizó.
La reforma ha sido rechazada por organizaciones campesinas que advierten riesgos de mayor discrecionalidad administrativa y eventuales afectaciones a concesiones en el mediano plazo. No obstante, Sheinbaum aseguró que estos planteamientos “no corresponden a la realidad del texto legal” y llamó a revisar la iniciativa sin distorsiones. “No hay desinformación, hay mala fe”, afirmó, al reiterar que su gobierno mantendrá el diálogo con productores, pero defenderá una legislación que considera clave para enfrentar la crisis hídrica del país.
