La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el denominado Plan B de la reforma electoral tiene como objetivo reducir privilegios dentro del sistema político-electoral y fortalecer la participación ciudadana, mediante ajustes a leyes secundarias y modificaciones institucionales.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta plantea disminuir el gasto público en materia electoral, establecer límites salariales para consejeros y magistrados, así como reducir el número de regidurías en municipios y aplicar topes presupuestales a congresos locales. Señaló que estas medidas buscan hacer más eficiente el funcionamiento de las autoridades electorales sin afectar la legalidad de los procesos.
Asimismo, detalló que la iniciativa contempla reforzar los mecanismos de fiscalización del gasto de los partidos políticos y transparentar los ingresos de dirigentes partidistas. También se prevé la posibilidad de establecer convenios entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fortalecer la supervisión de recursos.
En materia operativa, se propone iniciar el cómputo de votos desde la recepción del primer paquete electoral, con el fin de agilizar los resultados preliminares. Además, se plantea ajustar el mecanismo de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, en fechas que podrían coincidir con procesos electorales intermedios.
Sheinbaum Pardo indicó que la iniciativa fue enviada al Senado de la República, luego de que la propuesta de reforma constitucional no alcanzara la mayoría calificada en el Congreso. La presidenta sostuvo que el Plan B responde a la necesidad de contar con un sistema electoral más austero, eficiente y con mayor participación ciudadana.
La propuesta ha generado diversas reacciones entre actores políticos y especialistas, quienes han señalado posibles implicaciones en la operación de las instituciones electorales, mientras que el Ejecutivo federal mantiene que se trata de ajustes orientados a optimizar el sistema democrático.
