En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un encuentro marcado por la presentación de un Acuerdo Nacional contra la Extorsión y la aprobación de 11 acciones obligatorias para fortalecer la estrategia de seguridad en todo el país. Gobernadoras, gobernadores, integrantes del gabinete federal y autoridades ministeriales participaron en la sesión.
Durante el informe central, Sheinbaum advirtió que, pese a los avances en la reducción de delitos de alto impacto —con una disminución aproximada del 37% en homicidios dolosos, robos con violencia y otros ilícitos—, la extorsión se mantiene como uno de los delitos que más afecta directamente a la ciudadanía y al sector productivo. De acuerdo con datos presentados, el número de reportes al 089 supera las 102 mil llamadas recientes, mientras que al menos 600 personas han sido detenidas por este delito en 22 entidades.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, enfocado en dotar a las autoridades de mejores herramientas para investigar, prevenir y sancionar este delito. La propuesta incluye coordinación operativa entre estados, creación de criterios homologados de investigación y fortalecimiento de unidades especializadas.
El Consejo aprobó, además, 11 acuerdos que deberán implementarse de inmediato. Entre ellos destacan: que las y los gobernadores presenten reformas locales para armonizar la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión antes de enero de 2026; y que la Fiscalía General de la República emita un manual operativo nacional para la persecución de este delito a más tardar en febrero del próximo año. También se avalaron lineamientos para mejorar los sistemas estatales de denuncia, interconectar bases de datos y reforzar la capacitación policial.
Sheinbaum subrayó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno será clave para enfrentar la extorsión y cerrar el paso a estructuras criminales que operan tanto por vía telefónica como presencial. “La seguridad es un derecho y un compromiso del Estado mexicano”, sostuvo ante el pleno, al enfatizar que la estrategia nacional se basa en contención del crimen, control territorial y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia.
El encuentro concluyó con el compromiso de mantener sesiones permanentes de seguimiento y evaluar los avances trimestralmente, en un contexto en el que autoridades federales insisten en que la modernización institucional y la colaboración entre entidades serán determinantes para reducir la incidencia delictiva y mejorar la procuración de justicia en México.
