La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en la asignación de contratos a proveedores de materiales electorales durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicadas en el edificio Torre Zafiro, sobre Periférico Sur, en la Ciudad de México, donde personal ministerial efectuó una inspección relacionada con los procedimientos de contratación del organismo electoral.
De acuerdo con reportes periodísticos, en el operativo participaron elementos de las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y Delincuencia Organizada, encargadas de investigar posibles conductas ilícitas relacionadas con las adjudicaciones y licitaciones del instituto.
Las oficinas inspeccionadas estuvieron encabezadas hasta el pasado 27 de octubre por Mario Alfonso Burciaga Esparza, exfuncionario que aparece en grabaciones difundidas por Latinus durante reuniones privadas con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías proveedoras de materiales electorales.
Entre las contrataciones bajo revisión se encuentra la fabricación de credenciales para votar correspondientes al periodo 2026-2031, cuyo monto supera los mil 100 millones de pesos.
Las investigaciones se relacionan con la difusión de videos y grabaciones en los que presuntamente se documentan reuniones entre funcionarios electorales y representantes de empresas proveedoras, así como posibles acuerdos relacionados con los procedimientos de adjudicación.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios depende de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área responsable de los procesos de adquisición, contratación y suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del organismo.
En esa estructura también se desempeñó Jesús García González, quien fue designado encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración en septiembre de 2025. Reportes periodísticos han señalado posibles vínculos previos del exfuncionario con empresas proveedoras relacionadas con Hernández Casillas.
La diligencia ocurre después de que el Consejo General del INE acordara dar vista a la FGR sobre las presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Taddei Zavala, quien presentó su renuncia el pasado 26 de octubre, tras la difusión de investigaciones periodísticas sobre sus relaciones con proveedores del organismo.
La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó previamente que las investigaciones no estarían limitadas a la expresidenta del instituto, sino que podrían abarcar a otros servidores públicos que hubieran participado en los procedimientos administrativos cuestionados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) también realizan revisiones relacionadas con las contrataciones del instituto. Entre los posibles delitos señalados en las investigaciones se encuentran cohecho, tráfico de influencias, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Como parte de la revisión administrativa, el INE reportó la renuncia de 30 funcionarios, entre ellos 17 integrantes de la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei, así como servidores públicos de distintas áreas directivas y operativas.
