La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y determinar si existen elementos para investigar a exfuncionarios del organismo que actualmente forman parte de la dirigencia de Somos.
Durante su conferencia matutina de este viernes 13 de noviembre, en Palacio Nacional, la mandataria se refirió a las investigaciones relacionadas con contratos superiores a 563 millones de pesos, correspondientes a administraciones anteriores del organismo electoral.
Entre los exfuncionarios mencionados se encuentran Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del INE; Roberto Heycher Cardiel Soto y Ana Laura Martínez de Lara, estos dos últimos vinculados actualmente con cargos directivos en Somos.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa abrió dos expedientes relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones del instituto. Uno corresponde a pagos anticipados superiores a 413 millones de pesos para la adquisición de materiales electorales, mientras que el segundo está relacionado con una licitación cercana a 150 millones de pesos para la construcción de una sede en Nuevo León.
Sheinbaum sostuvo que corresponde a las autoridades competentes determinar si las operaciones investigadas constituyen faltas administrativas o delitos y, en su caso, establecer las responsabilidades de los servidores públicos y particulares involucrados.
La presidenta también cuestionó las liquidaciones millonarias que recibieron exfuncionarios electorales al concluir sus encargos. Señaló que Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE, obtuvo aproximadamente 11 millones de pesos, mientras que Edmundo Jacobo Molina habría recibido una cantidad superior.
“Puede ser legal, pero también es inmoral”, expresó la mandataria al referirse a los montos de dichas compensaciones.
Asimismo, respaldó las investigaciones de la ASF sobre las contrataciones realizadas por el organismo electoral y planteó la necesidad de revisar la concentración de proveedores registrada entre 2014 y 2025, así como los mecanismos utilizados para adjudicar contratos relacionados con materiales y documentación electoral.
Las declaraciones ocurren en medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el INE, que también involucran contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala.
Este viernes, agentes de la FGR realizaron diligencias en instalaciones del organismo electoral y solicitaron documentación de distintas áreas administrativas, particularmente de la Secretaría Ejecutiva, como parte de las investigaciones en curso.
Por su parte, Somos ha rechazado los señalamientos que vinculan a sus integrantes con presuntas irregularidades en el INE y ha acusado al gobierno federal de intentar involucrar a la organización política en hechos que considera carentes de sustento. El partido también anunció acciones legales contra la presidenta Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez.
Hasta el momento, la existencia de investigaciones administrativas sobre las contrataciones no implica que se haya acreditado responsabilidad penal de los exfuncionarios señalados. Corresponderá a la FGR y a las autoridades fiscalizadoras determinar si existen elementos para proceder en su contra.
